El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el propietario del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, han negado haber hecho "nunca" donaciones al PP durante su declaración como imputados en la causa de los 'papeles de Bárcenas', que reflejan una supuesta contabilidad B de los populares.

Ambos han comparecido este lunes ante el juez Pablo Ruz, al igual que el expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, quien, por contra, se ha acogido a su derecho a no declarar y para evitar ser captado por las cámaras ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional tapándose la cabeza con un casco de moto.

Durante su declaración, en la que el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral no ha formulado preguntas, Villar Mir solo ha admitido pagos a fundaciones como FAES, del PP, (45.000 euros anuales) o a los sindicatos UGT y CCOO (120.000 a cada uno), así como para Mujeres por África, de la exvicepresidenta socialista Teresa Fernández de la Vega, fundada en 2012 y a la que ha donado 120.000 euros, y al Instituto Elcano (150.000).

Según han informado fuentes jurídicas, Villar Mir sí que ha admitido que conocía al extestorero del PP Álvaro Lapuerta de haber coincidido con él en varios sitios, y también a su sucesor Luis Bárcenas, pero con éste ha dicho que no tuvo relación.

Ha asegurado que nunca ha hablado con ninguno de ellos de contrataciones de obra pública, que nunca ha hecho ningún pago al PP o al PSOE, ni legal ni en forma de comisiones, y que él no es de ninguno de esos dos partidos.

Al ser preguntado por las acusaciones sobre el hecho de que en los papeles de Bárcenas aparezcan varias donaciones a su nombre al PP, Villar Mir ha considerado que debe tratarse de un error, que se lo ha preguntado muchas veces y que no le encuentra ninguna explicación.

En ese momento el juez le ha preguntado porqué no se ha querellado contra los querellantes (IU y otras asociaciones), a lo que el empresario ha contestado que los servicios jurídicos de su empresa lo habían estudiado, pero han considerado que la repercusión podría ser contraproducente para su imagen en el exterior.

Ha añadido además que lo que expone IU en su querella por los papeles de Bárcenas no es correcto porque los años en los que supuestamente donó al PP es cuando menos adjudicaciones tuvo su empresa. Para probar esto último, ha enseñado al juez un gráfico de las supuestas donaciones y las adjudicaciones.

Los manuscritos atribuidos a Bárcenas indican, según un informe policial, que Villar Mir donó 530.000 euros al PP en 2004, 2006 y 2008, mientras que su grupo recibió de gobiernos del PP adjudicaciones públicas por 4.652 millones entre 2002 y 2009, del total de 7.758 millones que percibió en contrataciones de instituciones públicas.

Por su parte Sánchez Domínguez, a quien tampoco ha preguntado el fiscal, ha reconocido una amistad familiar con Lapuerta de muchísimos años y que ha estado varias veces con él en su despacho de la sede del PP.

Sin embargo, ha manifestado que nunca hablaron de obra pública o contrataciones y solo en una ocasión, en 1998, comentaron un asunto del Ayuntamiento de Madrid, pero le dijo que se llevaba mal con el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano.

De Bárcenas, Sánchez Domínguez, imputado en 2009 en el caso Mercasevilla, ha dicho que le vio en alguna ocasión pero que no tenía relación con él. Según el informe de la Policía, en los papeles se reflejan donaciones al PP del expropietario de Constructora Hispánica por 258.000 euros en varias partidas entre los años 1998 y 2006.

El mismo documento explica que su constructora recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126 millones de euros en contrataciones públicas, de los cuales 525,2 correspondieron a gobiernos del PP.

Los abogados de los querellantes han pedido al juez la celebración de una vista de medidas cautelares contra García Pozuelo y Sánchez Domínguez (este último se ha negado a contestar a preguntas de la acusación en un momento del interrogatorio), a lo que el fiscal se ha opuesto.

Ruz ha rechazado la petición afirmando que los querellantes no han expuesto elementos nuevos para que se les apliquen medidas cautelares a los empresarios, y recordando que "negarse a declarar es un derecho constitucional".

Tras las declaraciones de este lunes de los tres empresarios, este martes le tocará el turno a otros cuatro empresarios querellados: el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, Manuel Contreras, del grupo de empresas Azvi SL, José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, y Juan Manuel Fernández, de Aldesa Construcciones.