El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), en nombre de varias decenas de colectivos sociales, han solicitado la restauración de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp) en Andalucía, suspendidos por la administración desde hace un año, lo que mantiene a las cárceles de la región en una situación "límite".

En rueda de prensa, Chamizo ha aludido a la situación en la que se encuentran los reclusos andaluces de las trece cárceles y seis centros de inserción social —unas 16.000 personas, siendo la comunidad autónoma con mayor número de presos de toda España—, un colectivo "desatendido" en materia jurídica asistencial y en una situación de "abandono", pues muchos no tienen recursos para costear un abogado y deben desenvolverse como pueden "en un ámbito y un lenguaje que no entienden".

En este sentido, la coordinadora general de APDH-A, María Isabel Mora, ha calificado de "decisión política" la resolución de la Consejería de Justicia e Interior de no renovar el convenio a tres bandas entre Ministerio de Interior, Junta y Colegios de Abogados Andaluces —único de estas características en territorio español— existente desde 2008, bajo la "excusa" de que Interior no había renovado el convenio.

No obstante, el Estado, según ha expuesto la coordinadora del Soajp del Colegio de Abogados de Sevilla, María José González, subraya que siguen vigentes los convenios bilaterales españoles —no financia este operativo en ningún punto del país— y que sigue permitiendo el acceso a las prisiones como consecuencia de los mismos, siendo así que la Junta de Andalucía —única comunidad, según la APDH-A, en suspender el servicio—, como vino haciendo de 2001 a 2008, puede respaldar económicamente el servicio sin necesidad de la presencia del Gobierno central. Hasta ahora, la cantidad anual aportada era de 396.000 euros.

De los reos, entre el 70 y el 80 por ciento tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a delinquir. Alrededor del 70 por ciento están en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia (pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala). En torno al 40 por ciento padecen algún trastorno mental y de la personalidad, y sobre un 8 por ciento, enfermedades mentales graves.

"saturación" de peticiones de ayuda

La APDH-A se manifiesta "saturada" por las quejas y peticiones de ayuda llegadas desde este segmento desde la supresión del Soajp. Así, la percepción que obtienen de las actuales circunstancias de esta problemática es la del "deterioro" de los derechos humanos, incluyendo casos de abusos en cacheos, falta de coordinación entre servicios médicos y penitenciarios, recortes en la prescripción de fármacos, pérdida de citas médicas por ausencia de conducción policial o malos tratos. Asimismo, se nota un aumento en la agresividad, autolesiones e intentos de suicidio de los internos.

Al respecto, el acto ha contado con la presencia de una familiar de un preso esquizofrénico que se autolesionó de gravedad, a pesar de que durante mucho tiempo estuvo llamando a su familia, diciendo que estaba "desesperado". "Están aislados, no reciben ningún tipo de ayuda", ha subrayado.

Para Mora, mantener estas condiciones supone "la aplicación camuflada y extrajudicial de la pena de muerte". Por contra, "no podemos responder a la demanda porque no somos servicios profesionales ni un sustitutivo a lo que debe ser un servicio público".

En línea y apoyo a estas reivindicaciones, el grupo parlamentario de IU ha solicitado la comparecencia del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, el martes 28 de mayo en la Comisión de Justicia. Asimismo, el grupo parlamentario del PP ha tramitado una proposición no de ley exigiendo al Consejo de Gobierno que financie de manera inmediata los Soajp en Andalucía. Por último, un grupo de abogados, ataviados con sus togas y acompañados por colectivos sociales, han permanecido este viernes en la Plaza Nueva haciendo oír sus reivindicaciones y recogiendo firmas de adhesiones.