Los maltratadores que hayan concluido su condena en la cárcel por delitos de violencia de género tendrán libertad vigilada, una medida que se incluirá en la reforma del Código Penal, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es una de las principales medidas de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, cuyas líneas maestras ha presentado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y que incluye 258 medidas para "aislar" completamente a los maltratadores y ponerle todas las facilidades posibles a las víctimas.

El plan está dotado con 1.539 millones de euros, según las mismas fuentes, quienes han agregado que tendrá una duración de cuatro años, es decir, se pondrá en marcha este año y se prolongará hasta 2016.

Persigue, entre otros objetivos, mejorar la respuesta institucional ante el maltrato, visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres —como los matrimonios forzados— formar y sensibilizar a los agentes implicados, coordinar el trabajo en red y radiografiar el maltrato.

En cuanto a la tipificación de delitos, el Gobierno incluye en esta propuesta al "acoso, hostigamiento y acecho" a una persona que altere gravemente" el desarrollo de su vida cotidiana. Además, estudia contemplar como delito la manipulación de dispositivos de control o la revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su autorización y "con grave daño" a su intimidad.

Para llevar a cabo estos seguimientos, la estrategia contempla una "mejoría" en las bases de datos policiales y judiciales. Así, promueve la interconexión en los subsistemas de recogida de denuncias en la Administración de Justicia y en la Policía para, en este último caso, "recibir de forma automatizada y en tiempo real" las denuncias de violencia de género.

Moreno ha señalado que el plan quiere combatir el silencio de las víctimas, que supone el "peor enemigo" para la lucha contra la violencia machista —el 80% de las maltratadas no denuncia—, así como mejorar la atención y la información que éstas reciben por parte de las administraciones.

De hecho, las autoridades deberán informar de forma "exhaustiva" a la mujeres sobre su derecho a recibir asistencia legal gratuita en todo momento, incluso antes de que presenten la denuncia contra sus maltratadores, ha explicado Moreno.

Para romper ese "silencio", las mujeres además de contar con el teléfono 016 de información y asesoramiento, tendrán este servicio a través de una web, en la que podrán acceder de forma totalmente confidencial.

El Plan hace hincapié en la incorporación de las nuevas tecnologías en la batalla contra el maltrato a las mujeres, incluye nuevas campañas de sensibilización y protege de forma especial a los colectivos más vulnerables.

El secretario de Estado ha asegurado que se mantendrán las ayudas económicas a las maltratadas que tengan menos recursos.

Ha asegurado que el plan contempla la extensión de la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género, que estará incluida en la reforma del Código Penal y que entrará en vigor aproximadamente en septiembre u octubre, cuando se apruebe el texto definitivo que elabora el Ministerio de Justicia.

Se trata, ha explicado, de que las víctimas y sus encargados de la seguridad estén informados de la situación del maltratador para evitar esa reincidencia que, "desgraciadamente" ha ocurrido en varias ocasiones.

Esto también ocurrirá con los internos cuando disfrutan de permisos penitenciarios, porque las maltratadas "muchas veces" no tienen conocimiento de que se agresor está en la calle.

Preguntado sobre si la estrategia contempla la retirada del régimen de visitas o la custodia de los hijos al maltratador, Moreno ha señalado que, en estos momentos, el Ministerio de Sanidad tiene un "diálogo abierto" con el de Justicia porque es una medida a revisar, si bien aún no hay nada concreto.

La estrategia, que entrará en vigor dentro de unas semanas, prevé la actualización de distintos protocolos como el de la valoración policial del riesgo o el de las oficinas de asistencia a víctimas.

Además, el Ejecutivo impulsará medidas para favorecer la movilidad geográfica entre administraciones de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género y promoverá una red autonómica que incluya todos los recursos y servicios de atención.

Para mejorar la formación de los profesionales e incidir en la detección precoz del maltrato, Moreno ha señalado que se incluirá en el contenido formativo troncal de todas las especialidades médicas información especializada sobre violencia de género.

Además, el plan, incluye la promoción de protocolos para la detección de casos en el ámbito escolar.

Ante las últimas muertes de violencia machista, cuatro en tres días, que elevan a 22 las víctimas mortales en lo que va de año, Moreno ha instado a que no se haga de la lucha contra este fenómeno "un elemento de confrontación política".

Precisamente, con motivo de los últimos crímenes machistas, el PSOE había convocado una reunión de urgencia, tras la que instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a dar la cara y liderar la lucha contra esta lacra, y le ha pedido que acuerde la estrategia nacional con partidos, organizaciones de mujeres, regiones y ayuntamientos.