El Gobierno aprueba que los emprendedores no respondan con sus viviendas por deudas

  • El Gobierno aprueba la ley de apoyo a los emprendedores.
  • Se agilizarán los trámites de creación de empresas en un solo momento.
  • A partir de 2015, no se tendrá que pagar el IVA hasta el momento de cobro.
  • El Gobierno facilitará permisos de residencia a extranjeros que hagan inversiones inmobiliarias o inviertan en proyectos que creen empleo.
  • Habrá nuevos beneficios fiscales para emprendedores.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Zipi / EFE
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, en el cual se prevé que los emprendedores no tengan que responder con su vivienda habitual —con un límite de 300.000 euros— de las deudas derivadas de su actividad empresarial. Además, el Gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por un importe superior a 500.000 euros, frente a los 160.000 anunciados, y a los que compren deuda pública por encima de 2 millones de euros. Son las dos principales novedades de la nueva norma.

Respecto al primer punto, se constituye la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada". Así, se diferencia la actividad empresarial de la responsabilidad personal ya que actualmente los empresarios deben responder ilimitadamente con todos sus bienes por las deudas empresariales.

En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la ley también incluye un mecanismo para favorecer la "segunda oportunidad" que permitirá a las empresas con un balance inferior a los 5 millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores. Este mecanismo —que obligará a cambiar la ley concursal— permitirá a los empresarios obtener una quita en la deuda de hasta el 25% y una moratoria de pago de hasta tres años, en línea con los requisitos para los aplazamientos exigidos por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

También se ha creado la figura de la 'sociedad limitada de formación sucesiva' que permitirá crear una sociedad limitada con una aportación inicial inferior a los 3.000 euros que se exigen actualmente y se establece que el 20% de los beneficios deben ir a reservas legales. La vicepresidente no ha adelantado el número de puestos de trabajo que el Gobierno estima se crearán con esta norma y ha informado de que en la próximo semana hará "una exposición detallada de las medidas y sus efectos" en la mayoría de los ministerios implicados.

Preguntada por qué ha tardado tanto el Ejecutivo en aprobar la ley, Sáenz de Santamaría ha respondido que el Gobierno ha tenido que aprobar muchas normas de manera urgente por la situación "límite" que había cuando ganó las elecciones. Tras "mucho trabajo" de los ministerios, la norma se ha puesto en marcha cuando el Ministerio de Hacienda ha podido hacer frente a los compromisos del Ejecutivo de conseguir una menor carga de impuestos. "Esta norma supone un cambio impositivo importante en la manera de pagar las facturas y clave para 2,3 millones de personas físicas y jurídicas".

Permisos de residencia para extranjeros

Por otro lado, el Gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por un importe superior a 500.000 euros, frente a los 160.000 anunciados, y a los que compren deuda pública por encima de 2 millones de euros. En el anteproyecto de la ley de emprendedores recoge que también recibirán el permiso de residencia los foráneos que hagan una inversión significativa o destinada a proyectos empresariales de interés general, como es el caso de la creación de puestos de trabajo o de una aportación a la innovación científica y tecnológica. También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales "altamente cualificados" que formen parte de un negocio de reconocido prestigio.

Por último, se dará este permiso a los extranjeros que se desplacen a España dentro de una relación laboral o por motivos de formación profesional.

Otras medidas

  • Habrá un nuevo régimen de IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas. Los sujetos pasivos verán retardada la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que se efectúen su pago a los proveedores.

  • Las empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se vuelvan a invertir en la actividad económica.

  • También habrá incentivos fiscales para los inversores, que tendrán derecho a una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF por el capital aportado a una empresa nueva con un máximo de 20.000 euros anuales.

  • Se incrementan los umbrales para acceder a la licitación de los contratos de obra pública y de servicios, al pasar los primeros de 350.000 a 500.000 euros y de 120.000 a 200.000 euros los segundos.

  • La ley perfecciona la regulación de las cédulas de internacionalización, dando más claridad a los activos que sirven como cobertura, y se crean los "bonos de internacionalización" para dar más flexibilidad a la emisión de títulos que tengan como cobertura préstamos vinculados a la internacionalización.

Reacciones

Desde el lado sindical, UGT cree que el contenido de la norma es insuficiente porque no soluciona la falta de crédito para las pymes. En el mismo sentido, la patronal Cepyme ha insistido en la necesidad de normalizar el crédito para las pequeñas y medianas empresas, aunque considera que la ley contribuirá a la recuperación de la economía.

Las organizaciones de autónomos han coincidido en que la ley debe incluir medidas que impulsen la financiación de la actividad de este colectivo y piden que la banca nacionalizada sea la vía para distribuir el crédito.

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