La Audiencia Nacional fija el inicio del juicio oral del caso Sintel el próximo 20 de junio

  • Por la quiebra en 2001 de la filial que Telefónica vendió a MasTec Incorporated.
  • Ocho directivos de la compañía están acusados, y podrían afrontar penas de prisión por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública.
Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional.
Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional.
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Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 20 de junio el inicio del juicio oral por la quiebra en 2001 de Sintel, la filial que Telefónica vendió en 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated.

En una diligencia, la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal cita a los ocho acusados, todos directivos de la compañía, que podrían afrontar penas de prisión de entre dos años y medio y cinco años y medio por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública.

Entre los acusados figuran cuatro españoles: Ricardo Campos, exconsejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero.

Además están acusados Joel Tomas, exconsejero de Sintel y de MasTec International, José Miguel Sariego, exvicepresidente de MasTec Incorporated, y Jorge Mas Santos, que fue presidente de MasTec Incorporated y expresidente de Sintel y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Dintel.

Estos dos últimos son hijos del fallecido Jorge Mas Canosa.

Telefónica vendió su filial Sintel en 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros). A partir de entonces, según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que la llevó a la quiebra en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.

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