La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha abogado por llevar a cabo medidas "efectivas y no efectistas" en materia de vivienda protegida, y ha destacado la "extensa" labor del Gobierno en este ámbito desde que se inició la legislatura.

En su comparecencia a petición propia ante el Pleno de las Cortes para explicar las medidas del Ejecutivo de acceso a la vivienda protegida, De la Calzada ha recordado que al llegar al Gobierno se encontraron "muchas dificultades al acceso a la vivienda de este tipo en propiedad pese a que había un enorme parque de viviendas vacías" de un total de 800 viviendas.

Según ha dicho, la regulación de los procedimientos para acceder a este tipo de inmuebles "eran largos y complejos e impedían tener la flexibilidad necesaria", a lo que se sumaba el problema de que "la vivienda libre había descendido un 10 por ciento y la protegida subió un 0,5 por ciento".

Ante este panorama, ha destacado que el Decreto del Gobierno de acceso a la vivienda protegida, publicado el pasado mes de marzo, "pretende flexibilizar las condiciones para fomentar el acceso a este tipo de vivienda".

En este sentido, ha recordado que la Junta estableció con esta medida una reserva del 10 por ciento del parque de viviendas para ponerlas a disposición de familias en proceso de desahucio y se ha puesto en marcha una estrategia para que la mitad del total de las viviendas "sean calificadas para alquiler social".

"La mitad de ese parque de viviendas se pone en alquileres que son propios de esta vivienda y que no exceden en el 70 por ciento de los casos de 200 euros al mes", ha recalcado.

Hay criterios objetivos con la finalidad de minorar el precio de la vivienda que la Junta saca a venta y garantizar el acceso. Se trata de no mantener el stock.

La titular de Fomento ha hecho referencia al acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 9 de mayo, cuando se tomó en consideración un decreto que establecía medidas expecionales para inquilinos de inmuebles de la Junta con problemas para pagar, "que podrán pagar de forma aplazada o suspender temporalmente el pago en dificultades graves para hacerlo".

PSOE:

"esperaba más de su política"

De su lado, el diputado socialista Modesto Belinchón ha contestado a la titular de Fomento que "esperaba más" de las medidas del Gobierno en esta materia, asegurando que está bien destinar esas cuantías a subvencionar alquileres o rehabilitaciones "pero se ha reducido el Presupuesto en más de un 60 por ciento".

Ha pedido a la consejera que "tenga en consideración" las propuestas del PSOE como poner en marcha un servicio de orientación para familias con problemas para pagar la hipoteca o establecer un programa de intermediación con entidades financieras para renegociar pagos de hipoteca.

"Pedimos que se haga posible un realojo para aquellas familias que saben que les van a desahuciar", ha solicitado Belinchón, que ha recalcado la importancia de atender a las familias que están en procesos de ejecución hipotecaria.

Por último, ha pedido que se implante en los ayuntamientos de la región ordenanzas municipales que concedan beneficios a las entidades bancarias que posibiliten alquileres sociales a las personas afectadas.

PP:

"el psoe ayudaba a constructores y no a afectados"

Por su parte, el diputado del PP Vicente Giménez ha reprochado al PSOE que desde el año 2007 "ya subieron los desahucios y no se preocuparon por resolverlos", asegurando que desde ese año "ya había una escalada creciente, ya que hubo 1.235 ese año, que ascendieron hasta en un 250 por ciento en 2010".

"Ustedes no se encargaron de ayudar a los que más lo necesitaban, y su política era construir vivienda sin reserva presupuestaria y construyéndolas en municipios donde no existía demanda", ha asegurado.

Así, ha recordado que el PSOE "solo se dedicó a ayudar a los promotores de las construcciones de viviendas y poco a los afectados por los desahucios".