Los presidentes de BBVA, Novagalicia Banco y Cajas Rurales Unidas comparecerán en el Congreso el 5 de junio

Los presidentes de BBVA, Francisco González; de Novagalicia Banco, José María Castellano, y de Cajas Rurales Unidas, Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, comparecerán en el Congreso de los Diputados el próximo 5 de junio, con el objetivo de explicar cómo aplicarán sus respectivas entidades financieras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las cláusulas suelo.
Francisco González
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BBVA
Francisco González

Los presidentes de BBVA, Francisco González; de Novagalicia Banco, José María Castellano, y de Cajas Rurales Unidas, Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, comparecerán en el Congreso de los Diputados el próximo 5 de junio, con el objetivo de explicar cómo aplicarán sus respectivas entidades financieras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las cláusulas suelo.

La comparecencia se celebrará en el seno de la subcomisión de Transparencia de productos financieros, dependiente de la Comisión de Economía, por lo que tendrá lugar a puerta cerrada. Según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, las convocatorias están dirigidas a los presidentes de estas entidades, aunque finalmente podrían delegar en algún otro directivo la responsabilidad.

Además, el 5 de junio también está previsto que pase por sede parlamentaria el abogado Antonino Joya, especialista de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en materia de cláusulas suelo, quien también aportará su punto de vista sobre las implicaciones del fallo del Alto tribunal.

Los socialistas escribieron hace unas semanas una carta al presidente de la Comisión de Economía, el 'popular' Santiago Lanzuela, solicitándole que convocara una reunión de la subcomisión para analizar este tema, y también instan a las entidades financieras a revisar, caso por caso y de oficio, los diferentes expedientes para dar solución a los posibles abusos sin necesidad de que los consumidores recurran a la vía judicial.

La subcomisión llega a su fin

Al margen de estas comparecencias, la subcomisión celebrará otra sesión en una fecha aún por determinar para recibir al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y a la directora del Instituto Nacional de Consumo, Pilar Farjas. Ambos tratarán la posible traslación a la normativa de la sentencia judicial.

Con estas comparecencias la subcomisión dará por terminada su actividad, a falta de que los grupos parlamentarios presenten sus informes de conclusiones, que serán debatidos y votados el próximo mes de septiembre.

La subcomisión de Transparencia se constituyó al inicio de 2012 con el mandato de analizar la información que reciben los consumidores al contratar productos financieros o hipotecarios. En noviembre, el Congreso prorrogó su plazo de trabajos durante otro periodo de sesiones, que concluye a finales de junio.

Falta de transparencia

Tras analizar una denuncia contra BBVA, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (hoy Cajas Rurales Unidas) y Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra (hoy NCG banco), el TS dictaminó el pasado 9 de mayo que las cláusulas suelo sólo serán válidas cuando cumplan los requisitos de "especial transparencia" exigibles en los contratos con consumidores, y abrió además la puerta al control judicial de las mismas.

De hecho, ya en marzo el mismo tribunal había declarado nulas las cláusulas suelo sobre cuya contratación no hubiera habido una suficiente transparencia en la información suministrada al cliente.

Dado que dicho fallo coincidió con la tramitación parlamentaria de la Ley Antidesahucios, el Gobierno estudió la posibilidad de introducir, vía enmiendas, una previsión de que la diferencia máxima entre las cláusulas suelo y techo con respecto al tipo de interés en el momento de la firma de la hipoteca fuera del 40%.

Sin embargo, finalmente optó por obligar a las entidades financieras a informar a sus clientes de la existencia de este tipo de cláusulas al firmar la hipoteca, y plasmar esa información suficiente en una expresión manuscrita del cliente reconociendo haber sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato de préstamo.

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