El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para los días 1 y 2 de julio a declarar como imputados por un delito de uso de información relevante al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, al consejero Alfonso Paz-Andrade y a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.

Así lo ha acordado Ruz en un auto en el que se declara competente para investigar la presunta falsedad de las cuentas presentadas por la empresa, tras admitir tres de las cuatro querellas al respecto. Imputa también a Pescanova como persona jurídica por falseamiento de información económica y financiera.

A todos los imputados, salvo a los accionistas, les imputa además por delitos de falseamiento de información económica o financiera y falseamiento de cuentas anuales, por los que les llamará a declarar más adelante, y rechaza la intervención judicial de la compañía porque ya está sometida a un proceso concursal en Galicia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Ruz asegura que los administradores de Pescanova, "valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad", proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones. El auto concreta que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013, varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos.

Los accionistas que han presentado las querellas admitidas acusan específicamente a la entidad Sabadell BS Bolsa FI de haber procedido a la venta masiva de títulos de la compañía coincidiendo con una subida mientras aconsejaban la compra a sus clientes, "por lo que consideran que podrían haber utilizado información reservada".

Ruz agrega que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la empresa, como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la compañía. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.

El magistrado pide en su auto diligencias como la remisión de las comunicaciones efectuadas a la CNMV y de las actas de dos reuniones mantenidas entre Pescanova y el supervisor. Solicita también a la Unidad Central de Delincuencia Económica un informe sobre las actuaciones del Sabadell BS Bolsa FI relativas a la venta de acciones.

Tras conocerse su imputación, De Sousa ha afirmado en declaraciones a Efeagro que siempre ha actuado "en beneficio e interés de Pescanova, como se acreditará en su momento".

El presidente de la compañía ha asegurado que "moralmente" se siente tranquilo y que no teme a la justicia, porque lo que ha realizado lo ha hecho lo mejor que ha sabido, con toda la dedicación posible y "con alto sacrificio" de su vida, su familia y su patrimonio.

Ha recordado que sigue siendo el mayor accionista de la empresa y que siente "orgullo del trabajo realizado, porque sigue pensado que Pescanova tiene más valor del que que realmente se conoce".  Su intención es "seguir esforzándose en la medida de sus posibilidades por y para garantizar el empleo de los casi 11.000 trabajadores, y seguir creando valor para Pescanova".

Antes de que se conociese esta imputación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado que Fernández de Sousa haya dicho que su objetivo principal es mantener la viabilidad de Pescanova y que no se liquide.

Feijóo ha aludido de este modo a unas declaraciones en una emisora de radio del presidente de la firma pesquera y alimentaria, que se encuentra apartado de la gestión. El empresario relató en esa entrevista que los tres meses en los que ha permanecido en silencio no han sido su mejor aliado: "No ha sido un acierto".

El presidente de la Xunta ha explicado que los administradores concursales de la compañía comparten el objetivo de mantener la viabilidad de la empresa y que no se liquide, como también lo hacen los trabajadores y el Gobierno gallego, y ha dicho que espera que también lo hagan las entidades financieras acreedoras.

"La Xunta hace lo que tiene que hacer, que es gestionar el dinero de los gallegos. Los bancos gestionan el de sus clientes y los administradores concursales tienen que gestionar el día a día de la compañía para garantizar el empleo y la viabilidad de la misma", ha señalado.