La Comisión de Agricultura del Congreso ha aprobado este jueves con competencia legislativa plena el proyecto de ley de Fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, que ha contado con el voto favorable del PP, PSOE, UPyD, y la abstención del resto de formaciones parlamentarias.

La norma busca mejorar la estructuración de la oferta agroalimentaria y fomentar la fusión e integración de productores y entidades para impulsar entidades asociativas de ámbito supraautonómico que tengan una capacidad, dimensión y estructura empresarial que les permita incrementar su eficiencia y rentabilidad. Para ello, utilizará la concesión de carácter preferente en el acceso a ayudas y otros recursos a las organizaciones que cumplan ciertos requisitos de implantación.

Así, al margen de las diez enmiendas del PP y de la media docena de la oposición que ya se incorporaron en el texto en el trámite de Ponencia —aunque sin suponer cambios de gran calado sino más bien precisiones técnicas o modificaciones que también había propuesto el grupo mayoritario—, los 'populares' han pactado otros cuatro cambios con PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que han salido adelante por unanimidad.

Plan estatal de integración

En concreto, las novedades más relevantes son la previsión de que el Gobierno presente en seis meses el primer Plan Estatal de Integración Asociativa. Además, para poder ser cooperativa prioritaria se deberán tener un ámbito de actuación supraautonómico, aunque finalmente no se fijará un porcentaje mínimo de implantación.

También se precisa que el objetivo de la ley es "la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y otras entidades de naturaleza asociativa" mediante "la constitución o ampliación de entidades asociativas agroalimentarias de suficientes dimensiones económicas y con la mayor implementación".

Asimismo, se señala que se podrán instrumentar "las medidas necesarias para obtener un tamaño adecuado" con el objetivo de que estas cooperativas puedan "obtener los fines descritos" en la normativa.

"el futuro del campo sin esta ley es cero"

El 'popular' Bibiano Serrano cree que las cooperativas españolas están hoy "de enhorabuena" y ha recordado que ésta es una "ley pionera" que ha sido "exigida y elaborada por el sector" para "romper fronteras autonómicas", además de haber conseguido "cierto consenso" parlamentario, del que se ha congratulado.

A renglón seguido, ha asegurado que las cifras —"la primera cooperativa española factura mil millones de euros mientras la décima europea factura 4.000 millones"— son "prueba clara y evidente de la necesidad de esta ley" para conseguir "un instrumento legal capaz de aglutinar la oferta para llegar en mejores condiciones al mercado", particularmente en relación con los precios.

"El futuro del campo español sin esta ley es cero. La industria agroalimentaria está abocada al fracaso sin un instrumento legal como éste", ha dicho el diputado, destacando que con esta norma se completa la Ley de Cadena Alimentaria para "evitar las disfunciones" a la par que se dinamizan las zonas rurales.

Con respecto a las competencias autonómicas, ha recordado que ya hay suficientes cooperativas regionales y "no han funcionado", por lo que seguir fomentándolas "nunca se conseguirá" fuerza suficiente para la internacionalización y la mejora de la competitividad. "Vamos a esperar el desarrollo de la ley, vamos a redactar los reglamentos y rápidamente veremos los defectos y virtudes de la ley. Y corregiremos los defectos y ampliaremos las virtudes que correspondan", ha zanjado.

Ley corta pero demandada

El socialista Felipe Jesús Sicilia comparte los objetivos de la ley, aunque cree que el texto "es muy mejorable puesto que es poco ambicioso y se queda muy corto". "Los objetivos no se van a conseguir con los medios cicateros y roñosos que propone el Gobierno, que desviste un santo para vestir a otro, al quitar fondos de las comunidades para tratar de hacer su propia política", ha reprochado,

lamentando que, salvo eso, no se sabe ni de qué cantidad se dispondrá para estas ayudas al asociacionismo.

Además, cree que "no tiene sentido" que sólo se tenga en cuenta la fusión e integración de cooperativas como principal objetivo, lo que podría provocar por ejemplo que "muchas de las cooperativas más reconocidas del país puedan quedar fuera del carácter prioritario"; ni tampoco que no se les permita tener actividades generadoras de riqueza a través de la producción de renovables.

Finalmente, ha lamentado que no se haya contado con más tiempo para poder llegar a más acuerdos, aunque ha anunciado el voto favorable de los socialistas "no tanto por sus bondades, porque incluye medidas de mínimos, sino porque es una demanda del sector".

Se vulneran competencias

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha subrayado la necesidad de "equilibrar el respeto a las competencias, que no se apoye la reconversión de cooperativas en otra cosa, y la necesidad de que las cooperativas sean competitivas". "No se puede primar sólo el beneficio económico, sino también el asentamiento en el territorio y la defensa de los beneficios sociales", ha dicho.

El nacionalista catalán Marc Solsona ha reclamado un "marco regulatorio competencial que no sea siempre causa de disputas" y ha ofrecido la posibilidad de que haya "requisitos preferenciales" para ser cooperativa prioritaria, que tenga como "elementos fuertes" el volumen de producción y facturación, y no si son entidades supraautonómicos o no. Además, le preocupa cómo se financiarán las ayudas.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha defendido sus enmiendas, que buscan "reconducir el sesgo de invasión competencial y la injusticia que se hace con las organizaciones que, siendo de ámbito exclusivamente autonómico, tienen una participación comercial en el resto del Estado". "El proyecto tiene como única intención fomentar las cooperativas se hagan supraautonómicas, con las ayudas estatales como incentivo", ha dicho.

Carlos Salvador, de UPN, ha apuntado que esta norma es "muy necesaria" pero ha pedido que se excluya a las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia del ámbito de la ley. Por su parte, Joan Baldoví (Compromís-Equo) también ve un "regusto centralizador" en la ley, y ha pedido "acotar las situaciones de preferencia a las mejoras de la comercialización" para evitar discriminaciones.

Por contra, Toni Cantó, de UPyD, cree que "lo fundamental de esta ley es ayudar a redimensionarse mejor a esas cooperativas para que puedan tener un poco más de poder al negociar con quienes distribuyen sus productos" lo que, unido a la reestructuración de la cadena alimentaria y a la unidad de mercado, "podría ayudar bastante al sector". Por eso, ha invitado al PP a ser "menos tímido" y que tenga "menos complejos a la hora de facilitar que las uniones de estas cooperativas vayan más allá de una comunidad autónoma", independientemente de las competencias.