El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena (Valencia) ha abierto juicio oral contra el alcalde de la localidad valenciana de Zarra, el independiente Juan José Rubio, por un presunto fraude en la compra-venta de unos terrenos. El primer edil se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y a 22 de inhabilitación para empleo o cargo público —tal y como solicita la Fiscalía— por un presunto delito continuado de fraude y otros dos de falsedad documental.

Este caso se remonta a julio de 2005, cuando la concejal 'popular' Rebeca Gonzálvez presentó una denuncia ante Fiscalía por presunto fraude, en relación con la venta por un precio muy inferior al real de dos solares por parte del Ayuntamiento de Zarra a una sociedad cuyo único partícipe y administrador era el hijo del primer edil, Sergio Rubio.

En concreto, el consistorio tenía inscrito a su favor, en el Registro de la Propiedad, dos solares: uno de ellos ubicado en la carretera de Zarra a Teresa número 13, y otro a la altura del número 4. El primero de ellos fue adquirido por el Ayuntamiento en junio de 1994 por un precio de 750.000 pesetas. El objetivo era hacer en el terreno un almacén para dejar herramientas, materiales o vehículos.

El segundo solar fue adquirido en agosto de 2000 por un precio de 1.500.000 pesetas, y la finalidad era una obra de Urbanización de Parque Público. Seguidamente, en el año 2003, el Ayuntamiento se desprendió de estos dos solares, que adquirió la empresa del hijo del alcalde, por un precio de 36.060 euros —la primera— y 9.020 euros —la segunda—.

Frente a ello, según la valoración pericial que obra en el procedimiento, el valor del suelo de la primera finca podía estimarse en 144.720 euros y en 45.430 euros el valor del edificio (almacén) que existía en el mismo. Mientras que no se ha valorado la segunda finca, pero se estima que la misma no debe variar mucho respecto a la primera.

Esta operación, a juicio del magistrado instructor, fue "urdida" para "perjudicar" al Ayuntamiento de Zarra, "pues se desprendía de bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido, y beneficiar directamente al hijo del alcalde", según consta en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado, facilitado por el abogado Jorge Carbó.

El magistrado señalaba en este escrito que el alcalde —quien accedió al consistorio en 1979— intervino en su calidad de primer edil y de consejero delegado del Consejo de Administración de la entidad Empresa Municipal de Servicios de Zarra, Sociedad Limitada, en la tramitación de los expedientes administrativos seguidos para la enajenación de las dos fincas, así como en el otorgamiento de las escrituras de compraventa a favor de la empresa de su hijo, "incumpliendo su obligación legal de abstención".

Para la realización de estos hechos, el magistrado estima que se contó con la "colaboración" de la secretaria accidental del Ayuntamiento, Mercedes Giner; del arquitecto técnico, José Juan Blay; y de los ediles Trinidad Andrés, Luis García y Eugenio Carlos Cuenta.

Por estos motivos, el magistrado ha acordado, en un auto con fecha de 14 de marzo de 2013, abrir juicio oral contra el alcalde y su hijo, los anteriores ediles, la secretaria, el arquitecto, y señala como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Valencia.

Escrito fiscal

En el escrito fiscal, cuyos hechos coinciden prácticamente con los relatados por el magistrado, se acusa a Juan José Rubio de un delito continuado de fraude y de otros dos de falsedad documental, y se le pide una pena de ocho años de cárcel, 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 10.800 euros.

Asimismo, el ministerio público reclama para el hijo del primer edil tres años de cárcel y otros 10 de inhabilitación; la misma pena que solicita para los ediles Luis García, Trinidad Andrés y Eugenio Carlos Cuenca. Además, respecto a la secretaria, el fiscal pide ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación; y en cuanto al arquitecto, José Juan Blay, reclama cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación.

Por vía de responsabilidad civil, el fiscal pide que se acuerde la nulidad de la venta de las dos parcelas "por haberse realizado con consciente desprecio a la normativa administrativa reguladora de la enajenación de bienes públicos y en perjuicio del Ayuntamiento de Zarra".