Nevado-Batalla defiende ante PSOE e IU el pago de 2,8 millones a Microsoft, porque si se va a juicio se pagaría más

El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha defendido este jueves el pago de 2,8 millones de euros por parte del Gobierno extremeño a la compañía Microsoft para regularizar el uso del software de los ordenadores del Ejecutivo regional, ya que en caso de que se fuera a juicio por este motivo, la cantidad a pagar sería mucho mayor.
Pedro Tomás Nevado Batalla, Extremadura
Pedro Tomás Nevado Batalla, Extremadura
PARLAMENTO EXTREMADURA
Pedro Tomás Nevado Batalla, Extremadura

El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha defendido este jueves el pago de 2,8 millones de euros por parte del Gobierno extremeño a la compañía Microsoft para regularizar el uso del software de los ordenadores del Ejecutivo regional, ya que en caso de que se fuera a juicio por este motivo, la cantidad a pagar sería mucho mayor.

Nevado-Batalla ha explicado que en la actualidad solo el 3,1 por ciento del software propietario que utilizaba la administración autonómica se encontraba licenciado, de ahí la necesidad de regularizar la situación de los ordenadores del Gobierno de Extremadura, por la que se deberá abonar 2,8 millones de euros a Microsoft.

Una cantidad que el consejero de Administración Pública ha entendido como "importantísima", pero también ha apuntado que está "muy por debajo" de la cantidad que "por informe jurídico" el Gobierno de Extremadura tendría que haber pagado si hubiera "tenido que ir a juicio, y que se estimaba la demanda en torno a los 21 millones de euros".

El consejero de Administración Pública extremeño se ha pronunciado de esta forma en una comparecencia que ha protagonizado, a petición propia, en el Parlamento de Extremadura, para informar sobre la situación y el desarrollo de las tecnologías de la información en la administración extremeña.

Una comparecencia en la que el consejero ha negado que Microsoft haya "engañado" a la administración extremeña, tal y como apuntaban los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, que han coincidido en reclamar al Ejecutivo regional que no pague esos 2,8 millones de euros a la compañía.

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