El pleno de la Cámara Baja rechazó las enmiendas de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Popular, formación que quería que se rechazara el debate porque considera que se va a reabrir una herida que quedó cerrada con la Transición.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, describió la ley como heredera 'del mejor espíritu de la Transición' y del principio de la concordia que 'condujo hacia una democracia estable y consolidada'.
Además, aseguró, el texto no está escrito 'contra nadie' y sólo pretende hacer justicia, 'el mejor cicatrizante para las heridas'.
El gran escollo del proyecto para los grupos parlamentarios que habitualmente apoyan al Ejecutivo era que el texto no recoge la anulación de condenas dictadas por juicios sumarísimos durante el franquismo, y esa era una de las razones de las enmiendas de IU-ICV y ERC.
Además de reconocer y ampliar derechos a quienes fueron perseguidos durante la dictadura, el texto establece medidas como la devolución de bienes incautados y la creación de un tribunal especializado que aborde la violación de derechos humanos durante el conflicto civil (1936-39) y la dictadura posterior, que concluyó en 1975 con la muerte de Francisco Franco.
También existían discrepancias sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, el monumental mausoleo construido por presos durante el franquismo y en el que yacen los restos del que fue llamado Caudillo de España y de José Antonio Primo de Rivera, baluarte de la Falange.
El texto gubernamental pretende impedir que se realicen en el monumento aclamaciones de Franco, mientras que IU y ERC pedían que se convirtiera en un centro de recuerdo de la represión.
Además, según el proyecto gubernamental, se retirarán símbolos del franquismo en lugares de titularidad estatal, cuando las enmiendas de los dos grupos de izquierda exigían que se censaran y eliminaran todos los vestigios, incluidos los existentes en instituciones privadas y religiosas.
La Ley de la Memoria Histórica promoverá además que la Administración facilite la localización de desaparecidos durante la guerra y la represión posterior, pudiendo contribuir además a sufragar los gastos derivados.
En materia económica, la ley permitirá ampliar las condiciones para recibir pensiones, de los que se han resuelto hasta ahora 574.000 expedientes por los que se han pagado 16.356 millones de euros (391 millones de ellos en indemnizaciones), según el diario El País.
El PP considera que este proyecto es un 'disparate' que divide y enfrenta a los españoles y entiende que las víctimas ya fueron honradas en la Transición y en la resolución parlamentaria que en 2002 mostró su apoyo a las víctimas y condenó el franquismo.
/Por Inmaculada Sanz y Edgar Aribau/
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