La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha recibido este martes una alegación por parte del concesionario del puerto de Marbella-La Bajadilla, después de que la administración regional anunciase el pasado 3 de mayo el inicio del procedimiento para resolver el contrato para la ampliación portuaria suscrito con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Nasir Bin Abdullah & Sons S.L. —empresa del jeque propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Bin Nasser Al Thani—, el Ayuntamiento de Marbella y Puerto Deportivo de Marbella.

En este sentido, fuentes de la APPA han confirmado, en declaraciones a Europa Press, que este martes, cuando cumple el plazo de 15 días dado por la administración andaluza, se ha presentado una alegación, aunque han indicado que el contenido de la misma no se puede desvelar.

Dicha alegación cuenta con cientos de folios que deberán ser analizados por la APPA, que posteriormente deberá estimar si admite o no la alegación y si lo hace en su totalidad o en parte, han apuntado las mismas fuentes. Una vez estudiada la misma se preparará una propuesta de resolución que será sometida de nuevo a trámite de audiencia.

La reacción de la adjudicataria del proyecto de ampliación de La Bajadilla se produce apenas once días después de que el representante del jeque Al Thani, Moayad Shatat, mantuviese un encuentro con el director gerente de la APPA, Miguel Ángel Paneque, donde mostró su disposición a seguir adelante con este proyecto, en el que se prevé una inversión que ronda los 100 millones de euros.

El Gobierno andaluz adoptó la decisión de iniciar la resolución del contrato por el "incumplimiento generalizado de las obligaciones del contrato y tras haber obviado el concesionario los reiterados requerimientos efectuados por la Administración sin la más mínima justificación", según se indica en el expediente, en el que se destaca también que esto "ha desembocado en una situación de abandono de la ejecución".

El expediente resume los incumplimientos del contrato firmado el 1 de diciembre de 2011 en cinco puntos. Así, recuerda que en enero de 2012 la UTE debería haber tenido constituida una sociedad anónima como persona jurídica concesionaria de la obra pública. La Agencia de Puertos concedió varias prórrogas a este plazo hasta que en marzo comunicó al concesionario la imposibilidad de seguir dilatando esta obligación.

Ante la magnitud del retraso, en julio de ese mismo año se inició un expediente de penalización que finalizó en octubre pasado con la interposición de una multa de 30.000 euros, sin que el concesionario alegara en contra ni abonara la sanción.

Incumplimientos y retrasos

En segundo lugar, el proyecto constructivo de ampliación del puerto debía presentarse antes de junio de 2012. El 31 de mayo de ese año el concesionario presentó una documentación que, una vez examinada por los servicios técnicos de la Agencia de Puertos, resultó ser el mismo proyecto básico con el que había concurrido a la licitación, careciendo de la concreción necesaria y sin la información y documentación exigidas por la normativa para un proyecto de construcción.

Entonces, se concedió una prórroga de tres meses para la presentación del proyecto, sin que tampoco se cumpliera esta obligación, por lo que se abrió un expediente de penalización que impuso multa de 25.000 euros, a la cual no se presentaron alegaciones ni se abonó. Tampoco se había presentado el proyecto constructivo.

En tercer lugar, el contrato recoge la obligación de abono por parte del concesionario de una retribución anual de 750.000 euros los cuatro primeros años, y de un millón los restantes, en contraprestación por los ingresos obtenidos por la explotación del puerto. Este importe debía haberse abonado tanto para el año 2012 como para 2013 pero hasta el pasado 3 de mayo no se había producido ningún ingreso por este concepto.

En cuarto lugar, el contrato contempla la entrega al concesionario de una dársena náutico recreativa en funcionamiento de 9.286 metros cuadrados, con 268 atraques para embarcaciones deportivas y diversas instalaciones comerciales y de industria ligera en tierra. Se hacía, por tanto, necesario que el concesionario se dotara de una estructura administrativa que asumiera la gestión operativa y económica del recinto.

Por último, el concesionario se subrogó en los contratos vigentes en el puerto actual con las empresas prestadoras de servicios de marinería, vigilancia y seguridad y centro de control. En septiembre del pasado año estas empresas comunicaron una situación de impago generalizada, que en esa fecha ascendía a 136.000 euros.

En este sentido, a través de un oficio, se instó ese mismo mes de septiembre al concesionario al abono de la deuda contraída con las empresas en el plazo de 10 días. En enero de este año se le volvió a insistir en ese punto pero en la actualidad "se tiene constancia de la existencia de un impago general a los prestadores de servicios en el puerto con una demora en su abono superior a un año".

El último plazo otorgado por la Consejería de Fomento y Vivienda, de tres meses, a contar a partir del pasado 23 de enero para que el concesionario cumpliera todas las obligaciones contempladas en el contrato, también fue incumplido.

Únicamente por parte del Ayuntamiento de Marbella se registró el 24 de abril pasado un oficio pidiendo un nuevo plazo de tres meses para dar cumplimiento a los requerimientos realizados, arguyendo que por parte de la UTE se estaban realizando gestiones, pero sin concreción alguna de sus posibles resultados, por lo que tal solicitud no fue estimada.