El Defensor del Menor de Andalucía en funciones, José Chamizo, ha entregado este martes al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, su informe anual de 2012, en el que se profundiza en el aspecto de los efectos de los desahucios en los menores; en este sentido, el también Defensor del Pueblo Andaluz ha alertado de la existencia de una generación de niños que, según los expertos, acabará presentando, con toda probabilidad, comportamientos "antisociales" como consecuencia de la afección que sobre los mismos tiene el hecho de ser separados de su hogar.

En rueda de prensa, Chamizo ha cifrado en una horquilla de 17.000 a 20.000 los niños en esta situación, según los datos de la administración autonómica, que apuntan al registro de 5.500 familias que se habrían visto despojadas de su vivienda habitual, núcleos que "son los que más hijos suelen tener", con una media de tres o cuatro.

Al respecto, el Defensor del Menor andaluz ha lamentado que no se cumpla en estos casos el principio jurídico de interés superior del menor, "un argumento recurrente pero que a la hora de la verdad no se aplica", razón por la que ha instado al cumplimiento del mismo.

Según ha explicado, los expertos apuntan que los niños viven con "rabia, tristeza, ansiedad, negación y una profunda sensación de derrota" un proceso de desahucio que supone "la pérdida de la mínima seguridad que da un techo, un barrio o un colegio. Ello se traduce en "un dolor lento, profundo y desgarrador", que se corresponde con el desarrollo del procedimiento legal y que "pasa factura" a los menores, que quedan en una situación "muy delicada" en lo que respecta a su relación con sus progenitores y con el resto de la sociedad.

Una consecuencia aún más grave es la retirada de la custodia de estos niños por parte de la administración, aspecto que Chamizo reconoce haber recibido a través de quejas y que, a su juicio, "no se debe consentir" al causar "un desgarro demasiado potente".

"la administración no está en condiciones"

El drama de los desahucios "nos ha cogido a todos con el paso cambiado, la administración no está en condiciones y los servicios sociales están continuamente sobrepasados", ha manifestado, apuntando a la necesidad de alternativas —sobre los decretos de vivienda y de exclusión social anunciados por la Junta, ha remitido a su aplicación para observar su encaje y ha apuntado, en el segundo caso, a la necesidad de ampliar el espectro de actuación a Secundaria y centros concertados y a abrir infraestructuras en verano— y señalando que ya existen antecedentes jurídicos exitosos en lo que respecta a la defensa del interés del menor.

El otro aspecto en el que el informe anual del Defensor del Menor en Andalucía profundiza es en el de la salud mental infanto-juvenil. De esta forma, el número de niños con este tipo de problemáticas ha aumentado; Chamizo ha apuntado a posibles causas como el contexto socioeconómico o la transmutación de valores, y ha señalado como principales retos el "acentuar" la labor institucional para desterrar el "estigma" de los menores que padezcan estas patologías, con especial atención en la hiperactividad y los trastornos de conducta; incrementar los programas de prevención y detección precoz; mejorar la coordinación; y aumentar la formación especializada.

Por lo demás, el informe da cuenta de la tramitación de 1.213 quejas, de las cuales 74 fueron promovidas de oficio, en 2012. El mayor porcentaje corresponde al ámbito educativo (585), destacando las suscitadas por los procesos de escolarización (162) y los problemas de convivencia (137); en este último aspecto, el Defensor ha remarcado que las cifras se mantienen, si bien los conflictos son "más graves".

Les siguen las quejas sobre conflictos familiares, especialmente relativos a litigios por rupturas de la pareja (100), así como las denuncias sobre situaciones de riesgo de los menores (60) y el maltrato infantil (28).

El 2012 estuvo marcado por la crisis económica, cuyo mayor impacto se ha producido en los hogares con menores de edad. La pobreza es, según el informe, "más extensa, más intensa y más crónica, y crea una sociedad dual y polarizada". Actualmente, más de una cuarta parte de las personas menores de 18 años en Andalucía y de España se encuentra en riesgo de pobreza, con más de la mitad de hogares con dificultades para llegar a fin de mes y el 7,2 por ciento de los niños andaluces con privaciones materiales "graves".