El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha tomado este martes declaración a nueve miembros más del colectivo de familias que habitan sin vínculo jurídico alguno un bloque de viviendas de renta libre de la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro. Tal y como ocurriera el pasado 7 de mayo con las primeras once personas de este colectivo, el juzgado les imputa un presunto delito de usurpación y les ha requerido para que desalojen las viviendas de manera voluntaria pero "inmediata", si bien todavía no media un plazo oficial para cumplir este mandato.

Francisco Canela, coordinador del grupo de abogados '17 de marzo', que asiste a este colectivo de familias, ha informado a Europa Press de que si bien este martes estaban citados a declarar diez miembros de este colectivo de familias, uno de ellos no ha asistido al estar "imposibilitado en la cama" como consecuencia de su estado de salud. Cada uno de los nueve comparecientes, según Francisco Canela, está imputado por un presunto delito de usurpación y en todos los casos el juzgado ha requerido el desalojo voluntario pero "inmediato" de las viviendas.

El abogado ha manifestado que, en efecto, el juzgado no ha estipulado todavía ningún plazo concreto para el cumplimiento de este requerimiento, si bien ha señalado que las comparecencias judiciales "siguen mañana" y se prolongarán hasta el 29 de mayo. Una vez finalizada la ronda de comparecencias, el Juzgado de Instrucción número tres podría tomar una decisión determinante, aunque sigue pendiente la negociación abierta con la propiedad.

Y es que las familias esperan una nueva reunión de la mesa de negociación conjunta formada por las administraciones autonómica y local, la propiedad de las viviendas; en este caso la sociedad limitada 'residencial Murillo', participada por Ibercaja, y en calidad de mediador José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. En el marco de esta negociación, según el colectivo de familias, mediaría ya una propuesta para avanzar en el conflicto con alquileres sociales de un periodo prorrogable de un año.

La propiedad de los inmuebles, de su lado, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".