El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso contencioso-administrativo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha interpuso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de enero del 2004, por el que se aprobaron las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura.

Según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal Supremo también impone al Gobierno de Castilla-La Mancha el pago de 6.000 euros por las costas causadas por dicho recurso.