El Grupo Socialista en el Senado quiere que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explique si el memorando que España firmó para el rescate a la banca resta autonomía a las comunidades autónomas, a la vista de que las reacciones oficiales a la comunicación de la UE en la que se pedía información sobre el decreto andaluz contra los desahucios apuntan a que éste podría entrar en confrontación con el acuerdo.

En declaraciones a los periodistas en la Cámara alta, el senador por Cádiz, Juan María Cornejo —que esta tarde dirigirá al ministro una pregunta sobre este asunto—, ha pedido al Gobierno que aclare si las condiciones de ese memorando por el que el Eurogrupo concedió a España hasta 100.000 millones de euros "afectan a las comunidades autónomas pese a que ellas no lo sepan".

"¿Estamos hablando de pérdida de autonomía y de que un Gobierno regional y el parlamento no pueden tomar un acuerdo porque hay algo firmado que lo impide?", se ha preguntado el socialista, que ha pedido al Ejecutivo que "aclare" este extremo y que ha recordado que Andalucía "no tiene conocimiento" de que ese memorando limitaría su autonomía.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Cornejo preguntará este martes a De Guindos "qué tiene en contra" del decreto andaluz sobre la Función Social de la Vivienda y le pedirá explicaciones sobre las cuestiones que la posible carta o comunicación de la Comisión Europea ha suscitado.

A su juicio, la actuación del Gobierno central en este sentido responde al "intento de desacreditación de Andalucía" que lleva practicando en toda la legislatura recurriendo, incluso, "al insulto, como las alusiones a Etiopía". "Han dicho de todo y hay un acoso continuo en cada una de las medidas", ha añadido.

Cornejo ha recordado que el decreto andaluz fue aprobado por el Gobierno regional pero también convalidado por el Parlamento sin ningún voto en contra —el PP se abstuvo—, por lo que ha lamentado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no se lo haya tomado en serio".

Según sus palabras, la posición del Gobierno sobre el decreto responde a una "forma distinta de ver las cosas": "Mientras que ellos ayudan a los bancos, la prueba está en que el comentario suyo es que pueda afectar a los bancos, nosotros nos preocupamos de las familias".

Además, el socialista ha defendido que el decreto es "estatutario y constitucional mientras no se demuestre lo contrario". "Amagan con informes y con el recurso pero no lo han hecho. ¿Por qué no han ido al Constitucional si consideran que no se ajusta a la legalidad?", se ha preguntado el senador que, además, ha censurado que con su actitud el Gobierno intenta que otras comunidades que estaban estudiando la norma andaluza, desistan de llevarla a cabo en sus territorios.