Los grandes depositantes con más de 100.000 euros sólo asumirán pérdidas como "último recurso" en futuros rescates bancarios, mientras que los pequeños depositantes estarán totalmente protegidos de cualquier tipo de quita, según el texto de compromiso de la directiva de resolución bancaria aprobado por la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara.

El Parlamento ha incluido esta nueva salvaguarda a los pequeños depositantes para evitar nuevos fiascos como el de Chipre, cuyo primer plan de rescate incluía una tasa del 6,75% a las cuentas de menos de 100.000 euros.

En todo caso, el objetivo de la directiva de resolución bancaria —que todavía debe ser aprobada por el Ecofin— es que sean los accionistas y los acreedores y no los contribuyentes los que paguen por futuros rescates bancarios.

El Parlamento Europeo reclama que la directiva entre en vigor ya en enero de 2016, dos años antes de lo que propone la Comisión y apoyan países como España y Francia.

El texto de compromiso, que se votó el lunes por la noche, recibió un amplio apoyo con 39 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención y servirá de base para las negociaciones con los Gobiernos.

Según este acuerdo, los depósitos con más de 100.000 euros sólo deberán contribuir en último lugar, después de accionistas, tenedores de preferentes y deuda subordinada y bonistas senior. "Este rango preferente concedido a los depositantes permitirá evitar pánicos bancarios y preservar la estabilidad financiera", ha dicho el eurodiputado verde Philippe Lamberts.

Los parlamentarios se oponen a que el fondo de garantía de depósitos se utilice para financiar rescates bancarios, tal y como preveía la propuesta original de Bruselas y como se ha hecho en España en casos como el de Unnim.

El dinero público sólo podrá utilizarse como último recurso, una vez que todo el capital se haya reducido a cero y la intervención de los contribuyentes sea imprescindible para evitar "efectos adversos significativos en la estabilidad financiera" o "proteger el interés público cuando el banco haya recibido previamente asistencia en forma de liquidez del banco central".

La nueva norma obliga a todos los Estados miembros a crear fondos de resolución prefinanciados con tasas que se cobrarán a la banca. La prefinanciación deberá alcanzar el 1,5% de los depósitos cubiertos. El texto estipula que los fondos nacionales no estarán obligados a prestar ayuda a otros Estados miembros incluso aunque reciban solicitudes en este sentido.