Hace apenas dos meses que en España entraba en vigor una directiva europea destinada a acabar con la morosidad de las administraciones públicas. Dicha regulación, de obligado cumplimiento para los estados miembro, obliga a las instituciones públicas a pagar a sus proveedores con un límite máximo de 30 días naturales desde la recepción de la factura. Dos meses después, y a la vista de los datos, la situación incluso ha empeorado para los trabajadores autónomos, a cada uno de los cuales los poderes públicos adeudan, de media, unos 1.600 euros.

Las administraciones adeudan unos 4.839 millones de euros al colectivo de trabajadores por cuenta ajena; esta cifra es 28 millones de euros mayor que la registrada tres meses antes, según revela el último informe del Observatorio del Trabajo Autónomo elaborado por la asociación de microempresarios ATA. A pesar de la entrada en vigor de la directiva europea, el colectivo de autónomos denuncia que en el último trimestre el plazo de pago no sólo no ha descendido, sino que ha aumentado, pasando el plazo medio de pago de los 148 días a los 151. "Aún estamos muy lejos de alcanzar lo que nos marcan desde Europa", asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Tras la puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores (que logró saldar deudas por un importe de 27.000 millones hasta el 31 de enero de 2011), "los impagos de las administraciones públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad", señala la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (que representa a cerca de un millón de empresas y autónomos), en un informe de febrero de 2013.

Los crecientes retrasos en el pago a proveedores suponen un ahogo más para las empresas españolas, que han visto además reducidos sus volúmenes de negocio y beneficios y su acceso al crédito. En este contexto, cientos de empresas echan el cierre cada día por culpa de las facturas impagadas de la administración, tal como denuncia ATA. En España hay, actualmente, algo más de tres millones de autónomos. A pesar de la fuerte destrucción de empleo registrada en el sector, las cifras se han mantenido más o menos estables por la entrada constante de nuevos afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Solo en abril se añadieron casi 12.000 nuevos empleados por cuenta propia, según los últimos datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Tal como constata el informe hecho público este lunes por la Asociación de Trabajadores Autónomos, los plazos de pago varían según el tipo de administración. Así, el Estado central es el menos moroso, con un plazo medio de pago de 49 días (frente a los 30 días de plazo legal máximo). Tras el Gobierno central, las comunidades autónomas (145 días de media) y los ayuntamientos (157) son las instituciones con mayores retrasos en el abono de sus facturas.

¿Cuáles son las autonomías más morosas? Según los datos recabados por ATA, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades que más tardan en pagar en todo el territorio nacional: la media de pago a los autónomos y pymes catalanas se extiende hasta los 155 días, y hasta los 153 en el caso de valencianos y andaluces. En el otro lado (las menos lentas) están Navarra y País Vasco, con 38 días de plazo. Aún así, superan el límite máximo.

Alargar los plazos de cobro más allá de lo legal no es una excepción de los poderes públicos, si bien sí que ostentan las peores marcas. Las empresas privadas, según los datos publicados por el colectivo de autónomos, también supera en un 50% el límite legal: la ley las obliga a no superar los 60 días, pero la media se sitúa ahora en los 89 días, y asciende hasta los 134 días en el caso de las empresas de más de 1.000 trabajadores.

El colectivo de autónomos propone una batería de medidas rápidas para rebajar el problema de los retrasos en los cobros. Así, apuestan por que cualquier empresario con dificultades para cobrar una factura de una institución pública pueda acudir directamente a Hacienda a percibirla. "Luego será el Estado quien le descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma", explican.

Otra de las medidas que ayudarían tanto a pymes como autónomos sería poder descontar estos pagos pendientes de sus deudas con la Agencia Tributaria, o bien obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias hasta que no sea satisfecha ese cobro. Además, y como receta para subsanar la morosidad en el sector privado, ATA pide que se exija a las grandes empresas que deban estar al día no sólo con las administraciones, sino con las empresas proveedoras, para poder acceder a un contratación pública.