El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado que los once detenidos el martes en Ceuta en una operación contra el terrorismo islamista sean grabados permanentemente durante su permanencia en dependencias policiales.
La medida se basa en recomendaciones internacionales y tiene por objeto reforzar las garantías de respeto a los derechos de los detenidos en régimen de incomunicación. Para ello:
- Se extenderá a todos los detenidos por delitos de terrorismo, incluídos los arrestados por su relación con ETA.
- Permitirá al juez instructor personarse "en el lugar en el que están los detenidos en cualquier momento".
- Los detenidos podrán ser reconocidos por médicos de su elección y por los médicos forenses de la Audiencia Nacional, que los examinarán cada ocho horas.
- La Policía informará a los familiares de los incomunicados del lugar donde están y al juez de las características del mismo "y del tiempo de permanencia sin contacto con persona alguna".
Precedentes en España
En España, la Ertzaintza ya aplica desde hace años un protocolo similar en sus comisarías, que regula la utilización de las cámaras, las medidas dispuestas para la conservación legal y custodia de las grabaciones, las garantías de seguridad o las previsiones de control por organismos judiciales, entre otras cosas.
El protocolo, elaborado en colaboración con los Departamentos vascos de Sanidad y de Justicia, estaba destinado a garantizar aspectos como el reconocimiento forense de los arrestados desde el momento de su detención, su tutela por organismos judiciales o la información permanente de su situación a los familiares.
Asimismo, se establecía ya entonces el control de los procesos de detención mediante la grabación por cámaras, aunque sólo en el caso de arrestados no incomunicados que son, sin embargo, la inmensa mayoría de las detenciones que practica la Ertzaintza.
Desde el inicio de la actual legislatura, el Departamento de Interior vasco decidió extender las medidas de garantía derivadas de la grabación también a las detenciones de personas a las que se aplicaba el régimen de incomunicación.
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