La asociación ecologista ARCA califica de "fraude de ley" el proyecto de ley de derribos y considera "bochornosos" los "intentos" del Gobierno regional y otros grupos políticos del Parlamento regional para "continuar engañando a los propietarios afectados e intentar incumplir la ejecución de las sentencias de derribo".

ARCA considera "escandaloso y patético" que después de que el Tribunal Constitucional haya apreciado aspectos inconstitucionales en la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y del Régimen Urbanístico aprobada por Cantabria en 2011, "se intente seguir por el mismo camino de retorcer la legalidad", ahora con un proyecto de ley de derribos "basado en un informe jurídico a la carta, y que abochornaría -dice- a cualquier estudiante de primero de Derecho".

ARCA considera que, "una vez más", con este proyecto de ley "se pretenden rebajar las garantías ambientales, hacer una norma a conveniencia y arbitraria, que lejos de solucionar nada, creará mayor inseguridad jurídica y nuevas sentencias en contra", advierte.

La organización ecologista subraya en un comunicado que si existen sentencias de derribo es porque los tribunales han determinado la ilegalidad de las construcciones que se hicieron pese a las advertencias de ARCA.

"Pero el gobierno, en lugar de asumir su responsabilidad por haberlas permitido, admitir el error y corregir su práctica urbanística, intenta por todos los medios retorcer la legalidad vigente para evitar cumplir con la ley y hacer frente a sus responsabilidades", denuncia.

Añade que si el Gobierno quiere solucionar realmente el problema de los derribos, "lo que tiene que hacer es indemnizar a los propietarios y ejecutar las sentencias". "No hay otra solución, y lo demás es intentar engañar a los propietarios y al resto de los cántabros", asegura.

ARCA subraya que desde hace muchos años viene insistiendo en la necesidad de que en Cantabria "se aborde en serio de una vez por todas la protección del litoral y de sus recursos naturales, y para ello es imprescindible una ordenación racional del territorio".

Agrega que mientras tanto, "seguirá imperando la inseguridad jurídica, los pelotazos urbanísticos, y el saqueo de nuestros recursos naturales, que son un bien que pertenece a todos los cántabros, los actuales y los de generaciones futuras, así como garantía de una actividad económica sostenible y diversificada".

"Si el gobierno y los partidos políticos siguen empeñados en retorcer la legalidad para ocultar su falta de voluntad e incapacidad para conseguir un desarrollo urbanístico racional y respetuoso, nos van a encontrar siempre enfrente. Nosotros si creemos en que la ley está para ser aplicada", concluye el colectivo ecologista.