El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La también conocida como Ley Wert supone una reforma que ha suscitado las protestas de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios, provocando incluso una huelga general de la enseñanza el pasado 9 de mayo. Entre las medidas que contempla se encuentran el impulso de la Religión, la posibilidad de que las universidades puedan convocar pruebas de acceso específicas y la definición por parte del Estado de los contenidos y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales y los criterios de evaluación de las específicas.

El Estado adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña. Será de forma "transitoria" y, en todo caso, recuperará el dinero —calculado en cinco millones de euros para cada 1.000 alumnos— detrayéndolo de la partida que corresponda en el marco de la financiación autonómica. "Hablamos de algo muy excepcional y de un mecanismo que en la disposición adicional se plantea como subsidiario", ha dicho el ministro.

La asignatura de Religión y su alternativa —Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria— serán evaluables y la nota contará para la media del curso "a todos los efectos", ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, "como el resto de las asignaturas". Los alumnos no habrán de examinarse de ellas en la prueba final de etapa que hay que superar para poder titularse en ESO. La nota final de ESO no obstante se obtendrá de manera ponderada entre la media de las calificaciones de las materias cursadas en la etapa (70% de valor) y el resultado de la evaluación externa final (30%).

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede —no se consideran troncales—, se podrán cursar como optativas desde Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes. En bachillerato, la Religión será optativa y no tendrá alternativa.

Cambia el modelo de enseñanzas mínimas en virtud de un sistema de troncales, específicas y de libre configuración. El Estado definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las primeras y los criterios de evaluación de las segundas. Las terceras serán definidas por las comunidades, al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.

Uno de los puntos más confictivos de la norma fue la oposición de varias autonomías a la homogeneización de los contenidos educativos en todo el territorio nacional.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía se diluye en "contenidos transversales" recogidos en todas las materias.

El último curso de la enseñanza obligatoria tendrá dos opciones: de iniciación al bachillerato y a la FP. Los itinerarios hacia la FP y el bachillerato se adelantan así a tercero de ESO a través de asignaturas optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en cuarto. "El último curso de la ESO será de bifurcación a la vida académica o a la laboral", ha afirmado el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Se prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a alumnos de 15 años. Se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se facilita el paso hacia la FP de grado superior.

Respecto al bachillerato, tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP.

No se podrá promocionar con más de dos suspensos y nunca si las dos asignaturas que no se han aprobado son troncales o una troncal y una lengua cooficial. De este modo, quien suspenda, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir. Si las suspensas son matemáticas y música, podrá pasar de curso. Si los suspensos son tres, el alumno no promocionará, aunque una de las asignaturas sea Religión.

Habrá evaluaciones para todos los alumnos al final de cada etapa. El proyecto cambia respecto del redactado inicial: las pruebas de Primaria se realizarán en tercero y sexto y a nivel nacional pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades autónomas. Estas pruebas medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo y estarán diseñadas para la detección temprana de problemas.

Por contra, la evaluación externa al término de ESO —una para cada opción de iniciación (bachillerato o FP)— y la que se impondrá al final del bachillerato serán asunto del Ministerio de Educación porque servirán para la obtención del título. Además de los conocimientos se medirán competencias como la comprensión, el razonamiento crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias. En todos los casos, los controles serán realizados y corregidos por personal externo al centro.

El bachillerato tendrá las modalidades de ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes. La evaluación final servirá para obtener el título de bachiller, que facultará para acceder a la educación universitaria, aunque las universidades pueden convocar, además, pruebas específicas. Desaparece así la Selectividad y los sectores críticos hablan de "reválida".

La LOMCE reconoce a los centros que separan a los alumnos por sexos el derecho a acceder a conciertos económicos siempre y cuando garanticen, en línea con las indicaciones de la UNESCO, que proporcionan el mismo nivel educativo y ofrecen las mismas condiciones a los niños que a las niñas, extremo que deberán justificar los centros cuando soliciten la financiación pública, según han explicado fuentes del Ministerio de Educación.

Los centros dispondrán de más autonomía para configurar una oferta formativa propia y para la gestión, lo que significa rendición de cuentas.

La reforma educativa promueve la práctica "diaria" de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar. Así lo recoge la disposición adicional cuarta de la reforma, que contempla la obligación de las Administraciones públicas de promover la actividad física y la dieta equilibrada en los centros de enseñanza.

En este sentido se pronunció recientemente la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunciando que el Gobierno pretendía implantar una hora de gimnasia al día en los colegios, tras recordar que uno de los principales problemas de los niños españoles era el exceso de peso.