Las organizaciones STEI-Intersindical, FETE-UGT, FE-CCOO, COAPA y la plataforma de Estudiantes de Baleares han querido denunciar la "insensibilidad del Gobierno del PP" ante las numerosas manifestaciones contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada este viernes en Consejo de Ministros, al tiempo que han reclamando la apertura de un verdadero diálogo con todas las organizaciones representativas del ámbito educativo.

La Plataforma estatal por la escuela pública, de la cual forman parte dichas entidades, ha entregado este jueves un escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamando la retirada de la LOMCE, el cual suscriben.

Asimismo, reclaman la apertura de un proceso negociador y de diálogo para afrontar "de forma consensuada los necesarios cambios para la mejora del sistema educativo".

Con todo, las entidades educativas de Baleares han criticado que la respuesta del gobierno de Rajoy ha sido la aprobación este viernes del proyecto de LOMCE "sin atender el clamor de la comunidad educativa ni las observaciones y recomendaciones sustanciales del Consejo de Estado y otros organismos consultivos".

"Reiteramos nuestra oposición a un proyecto de Ley que propugna una educación elitista, segregadora, sexista, que ataca nuestra lengua, que desprecia las competencias educativas de las Comunidades Autónomas y anula la democracia en el sí de los centros y que conllevará más recortes y pérdida de derechos de los miembros de la comunidad educativa, alumnado, profesorado, padres y madres", han argumentado en contra de la propuesta educativa del Gobierno.

En el caso de las Islas, el Govern balear, a través del decreto TIL ya publicado, se adelanta en la línea "de los desprecio en la enseñanza en la lengua catalana y pretende a través de futuras leyes como la de convivencia y de los símbolos implementar una política represiva y no de diálogo y consenso", han censurado.

Por todo ello, las organizaciones que subscriben el comunicado se comprometen "de forma decidida y unitaria" a llevar a término las acciones que hagan falta, tanto en el ámbito de nuestro territorio como del Estado, "para hacer frente a estos atentados de ambos gobiernos a la enseñanza inclusiva, en catalán y en derechos".