El colectivo de padres de los centros andaluces de educación diferenciada por sexo afectados por la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de proceder a la retirada de concierto de unidades en base a resoluciones judiciales que rechazan sufragar con fondos públicos este modelo pedagógico espera concretar la próxima semana una cita con el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

La portavoz de la plataforma 'Mis padres deciden', Gemma García, ha indicado a Europa Press que con este encuentro buscan conocer el trámite legislativo exacto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) —ya aprobada por el Consejo de Ministros—, así como "contar la situación que vivimos los padres" e interesarse por cómo se articula la Ley de Presupuestos que reconoce el derecho a subvencionar centros de educación diferenciada.

Es, para García, "vergonzoso" el "poder" que considera que una administración como la Junta tiene ante unos padres "indefensos". Como muestra, la portavoz del colectivo ha citado la situación del colegio 'Ribamar' de Sevilla, una de las sedes educativas afectadas, a la que la Junta únicamente le ha permitido 12 vacantes que ocuparán estudiantes del centro adscrito 'Ángela Guerrero', otro de los colegios implicados.

Este extremo ha sido dado a conocer en la reunión de escolarización de la zona centro de Sevilla. De esta manera, García ha expuesto que a pesar de que los padres cumplimentaron "en tiempo y forma" el proceso de admisión y la inspección certificó la ausencia de problemas al respecto, la Junta, "en una decisión unilateral", habría hecho caso omiso de la existencia de 36 plazas, con el mismo número de solicitudes.

"Se impide el derecho a los padres de elegir", ha criticado la portavoz de los progenitores, que ha aludido a la "insuficiencia de plazas, cuando sí que las hay", como argumentación oficial de Educación que "deja a 24 familias sin colegio, y sin habérselo comunicado".

Para García, la Junta "no sigue el procedimiento legal establecido"; por ello, los padres presentarán un recurso de alzada ante la propia administración.