Canarias se suma a la declaración de apoyo al tabaco que advierte de "graves consecuencias" de nueva directiva de UE

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, junto a sus homólogos de Extremadura, Cantabria, Andalucía y La Rioja, ha suscrito una Declaración Institucional de Apoyo al Sector del Tabaco, que en el caso del archipiélago supone más de 4.000 empleos directos y una producción en torno a los 250 millones de euros, según los propios agentes del sector.
Foto familia tabaco
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EUROPA PRESS
Foto familia tabaco

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, junto a sus homólogos de Extremadura, Cantabria, Andalucía y La Rioja, ha suscrito una Declaración Institucional de Apoyo al Sector del Tabaco, que en el caso del archipiélago supone más de 4.000 empleos directos y una producción en torno a los 250 millones de euros, según los propios agentes del sector.

Este documento de apoyo es una de las conclusiones de la reunión celebrada en Santander por los presidentes de las Comunidades Autónomas en donde el tabaco constituye un sector estratégico de su economía, informa el Ejecutivo canario en una nota.

En la firma de la Declaración, celebrada en la sede de Altadis en Entrambasaguas (Cantabria), también han estado presentes responsables de las empresas integradas en la Mesa del Tabaco y Mesa Canaria del Tabaco como Altadis, Tabacalera, Cetarsa o Logista, entre otros.

Rivero destacó la importancia del documento firmado pues su objetivo último es "conciliar" la protección de la salud y el mantenimiento de "miles" de puestos trabajo, "que en Canarias alcanzan los 4.000, lo que da idea de la relevancia de este acuerdo".

Asimismo, han estado presentes representantes de la CEOE, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, la Organización Interprofesional del Tabaco (OITAB), la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España o la Asociación Empresarial del Tabaco (Adelta).

En la declaración se recoge la necesidad de que la Unión Europea elabore una revisión consensuada de la Directiva 2001/37/CE sobre los productos del tabaco, cuyos sucesivos borradores han despertado la alarma en el sector.

Efectivamente, esos primeros documentos han generado reacciones no solo empresariales y sindicales, sino también por parte de parlamentos y ejecutivos autonómicos e, incluso, al más alto nivel, de gobiernos europeos como los de Italia, República Checa, Grecia, Bulgaria, Dinamarca, Portugal, Rumanía y Suecia.

En ese sentido, algunas de las medidas contempladas en dichos borradores como la eliminación o reducción de la presencia de las marcas en las cajetillas, estandarización del producto, prohibición de determinados ingredientes, restricciones en la exposición y promoción o la prohibición de venta en máquinas expendedoras, entre otros, son consideradas un "endurecimiento injustificado" de la norma que tendría "graves consecuencias" económicas, poniendo en "grave riesgo" la pervivencia del sector.

Instituciones, empresas y sindicatos aceptan y comparten los objetivos que se ha trazado la Unión Europea con la revisión de esta directiva, especialmente en lo relacionado a la protección de la salud.

Sin embargo, entienden que se ha guardar un equilibrio entre ésta y la protección del empleo y la actividad económica en aquellas regiones donde el sector tabaquero tiene una incidencia significativa.

Al mismo tiempo, se advierte también de que la directiva podría perjudicar notablemente a la recaudación fiscal y abrir la puerta al incremento de actividades ilícitas como el contrabando.

Miles de puestos de trabajo

En España, la industria del tabaco da empleo a más de 56.000 personas y aporta 9.300 millones de euros anuales en concepto de impuestos para el Estado. Además, las distintas actividades vinculadas al tabaco producen un valor añadido de 2.700 millones de euros, lo que representa casi el 0,3 por ciento del total del valor añadido de la economía española.

En lo que respecta a Canarias, el número de personas que viven directamente de este sector sobrepasa las 4.000, con un número indeterminado de aquellas que lo hacen de forma indirecta, en una actividad que representa el 14 por ciento del PIB industrial de las islas y una producción de 250 millones de euros, a los que habría que añadir los más de 160 millones que mueve el sector en adquisiciones a proveedores.

El Congreso de los Diputados y varios parlamentos autonómicos, entre ellos el canario, han aprobado declaraciones y proposiciones en defensa del empleo y la industria del tabaco frente a la revisión de la directiva europea. Los firmantes de la declaración de Cantabria pedirán al Gobierno de España que sume también a la defensa activa del sector.

Búsqueda de un necesario equilibrio

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), impulsor de esta postura común, ha considerado un "ejercicio de responsabilidad" la declaración para instar a la Comisión Europea a la "búsqueda de un necesario equilibrio" entre la "preocupación", a la que se ha sumado, por proteger la salud y evitar el tabaquismo entre los jóvenes y la"necesidad de proteger" los 56.000 trabajos en la cadena productiva del tabaco español -producción y transformación-.

"Todos queremos proteger la salud, pero queremos que en la redacción de la revisión de esta trascendente directiva europea se tenga en cuenta el tabaco como producto agrícola y legal y su industria, que mantiene a muchas familias", ha manifestado Diego, que ha mostrado su confianza en que la UE busque el "necesario equilibrio".

El presidente de Extremadura, el también 'popular', José Antonio Monago, en cuya comunidad se cultiva el 95 por ciento del tabaco nacional, ha alabado esta "alianza" en defensa de este "producto agrícola", que es "legal, irremplazable y que mantiene el empleo en las zonas rurales".

A su juicio, "no se puede poner en peligro" este sector, que en Extremadura aglutina 3.000 cultivos y 20.000 familias, mientras la Comisión Europea busca "evidencias científicas" en las que sustentar las medidas que propone.

4.000

Familias viven del sector en canarias

En la misma línea se ha pronunciado Paulino Rivero, que ha recordado que en las Islas el sector tabacalero "siempre ha sido muy importante" a pesar de haber perdido "peso". En estos momentos, unas 4.000 familias viven de este sector en Canarias, por lo que ha reclamado que en la directiva haya "una conciliación" entre la protección a la salud y la defensa del sector, que genera "economía y empleo".

"Espero que en este país con seis millones de parados, el Gobierno se defienda con uñas y dientes este sector en el que trabajan más de 50.000 personas", ha manifestado Rivero instando al Gobierno de Mariano Rajoy a defender la postura de las cinco comunidades autónomas firmantes-.

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (PSOE), Luis Planas, ha abogado por la protección de la sanidad y la prevención del tabaquismo juvenil pero defendiendo este sector y ha opinado que la revisión de la directiva que la UE "pone encima de la mesa" no está "suficientemente justificada ni en su forma ni en su fondo".

Por su parte, el presidente de Tabacalera y representante de Imperial Tobacco Group, Fernando Domínguez, ha señalado que "la realidad no se puede ocultar" al igual que la "importancia" del tabaco para España y estas cinco comunidades autónomas. Y es que, aunque ese un sector"controvertido", genera empleo y economía en las regiones, así como representa un "valor significativo" en los ingresos del Estado.

Por ello, ha considerado "urgente" que haya una "coherencia" en la regulación de la directiva para que se defienda la salud, pero también "los derechos empresariales" y de los clientes-fumadores,- porque de no ser así, ha advertido, habrá "graves consecuencias".

Por su parte, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha asegurado que la defensa de este sector se debe de hacer "sin ningún tipo de confrontación" y "con toda naturalidad, sin que nadie se rasgue las vestiduras" y sin generar "polémicas" y sin ir "más allá" de la búsqueda de esa "conciliación". Así, se ha mostrado "seguro" de que se conseguirá el "objetivo".

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