Podrían parecer temas menores, pero dejan de serlo cuando el nivel de vida de millones de españoles está en la quiebra más absoluta. Son los denominados gastos superfluos de la administración pública. Sea municipal, autonómico o estatal, el derroche está en la picota.

Hace año y medio, la entonces Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, anunció en el Congreso de los Diputados que la institución había solicitado al Ministerio de Justicia que estudiase "con toda seriedad y rigor" la inclusión del despilfarro público como delito en el Código Penal.

Cava de Llano dijo que dicha práctica escandalizaba "profundamente, y con razón, a los ciudadanos". Añadió que el tema ya era "un clamor en la calle" y advirtió a los políticos: "no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra".

En la oficina del Defensor del Pueblo explican que en 2012 volvieron a solicitar medidas contra el despilfarro público y que Justicia recogió el guante, garantizando que su recomendación se tendría en cuenta en la actual reforma del Código Penal.

Desde entonces se han conocido nuevos dispendios —tal vez no tan multimillonarios como los que investiga en la actualidad la oficina del Defensor del Pueblo (aeropuerto de Castellón o Espacio Metropol de Sevilla)— pero sí llamativos:

El Ministerio de Defensa va a gastar 203.000 euros en la compra de viruta de pino para la cama de los caballos destinados a cubrir las necesidades de la Guardia Real, según consta en la adjudicación del contrato que, para ese fin, ha aprobado la Sección de Asuntos Económicos de la abrigada Logística.

Según la documentación, la empresa adjudicataria, es decir, la que encargará se suministrar la viruta, es ANPI XXI S.L., con sede en la provincia de Burgos y especializada en la comercialización de serrín, paja, hierba y forraje.

En concreto, el concurso se resolvió el pasado mes de abril en favor de la citada empresa —que fue la que obtuvo la mayor puntuación en los criterios de valoración— por un importe de 167.768,60 euros netos (203.000 euros brutos).

Este año, de nuevo, militares y guardias civiles españoles acudirán con todos los gastos pagados por el erario público a la peregrinación religiosa a Lourdes que se celebrará del 24 al 26 de mayo. El Ministerio de Defensa ha autorizado "la representación española" en la 55ª Peregrinación Militar Internacional de Lourdes, por considerarlo una "tradición".

La visita tiene carácter de "comisión de servicio indemnizable", es decir, que las arcas públicas pagan los gastos de manutención y alojamiento de los guardias que van.

El año pasado, Defensa gastó 12.331 euros en enviar a 17 guardias civiles a participar en el encuentro junto a integrantes de ejércitos de una treintena de países. El PSOE criticó este gasto, pero Defensa continuará con la tradición, pese a los recortes presupuestarios.

El Gobierno de Mariano Rajoy se gastó un total de 103.426 euros en cambiar los nombres de los ministerios y sus respectivos departamentos administrativos tras ganar las elecciones generales. Sólo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destinó a este objetivo casi 40.500 euros.

Así consta en la respuesta que el Ejecutivo ha dado al exministro de Fomento, exportavoz del Gobierno y ahora diputado del PSOE José Blanco, quien se interesaba en conocer el coste que había supuesto para las arcas públicas las modificaciones de nomenclatura de los diferentes departamentos ministeriales.

Blanco reprobaba dicho gasto del Gobierno en contraposición con su política de austeridad, que está exigiendo a los ciudadanos "día sí y día también" nuevos "sacrificios" en forma de "más impuestos y menos y peores servicios públicos".

Las comunidades autónomas mantienen un total de 25 delegaciones políticas ubicadas en diferentes puntos del extranjero, sobre todo en Bruselas, y sólo cinco autonomías han atendido al ofrecimiento del Gobierno para integrar sus 'embajadas' en la red estatal de oficinas y así ahorrar costes.

Las delegaciones en el extranjero son utilizadas por las comunidades autónomas como vehículo de cooperación política con el país en el que están ubicadas, así como medio de promoción y difusión de su cultura y su lengua. Además, todas las autonomías contaban con oficinas propias en Bruselas para formar parte de las negociaciones que se desarrollan en el ámbito de la Unión Europea.

Sin embargo, la crisis económica cuestionó la existencia de estas 'embajadas' y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ofreció a las comunidades cerrar sus oficinas e integrar su personal en las embajadas españolas para ahorrar los costes de alquiler de edificios y otros gastos fijos. Pese a este ofrecimiento, las autonomías mantienen aún 25 oficinas propias en el extranjero, doce de ellas ubicadas en Bruselas.

Al margen de la capital belga, hay algunas autonomías que mantienen también abiertas oficinas en otras ciudades tanto de Europa como de América. Es el caso de Cataluña, que cuenta con 'embajadas' en París, Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. El País Vasco,  tiene sedes en Nueva York, México, Argentina, Chile y Colombia. También Galicia cuenta con sedes en Uruguay y Argentina. Canarias tiene delegación en Caracas (Venezuela) y el Gobierno de Extremadura abrió una delegación en Lisboa.

Los continuos recortes que se están produciendo en los servicios públicos esenciales han rozado al polémico Puente de las Flores de Valencia. El Ayuntameinto de Valencia ha reducido el número de plantaciones anuales de tres a dos las plantaciones. Pero todavía hay voces críticas que lamentan que se destine este año 35.000 euros al cambio de flor.

Este puente aglutina unas 10.500 jardineras, mientras que en el resto de la ciudad hay 812 por las calles y 190 en el interior de dependencias municipales, según denuncia la oposición, que ve este gasto en cambiar las variedades de flor "superfluo" en estos momentos y un símbolo de "una etapa de derroche y despilfarro".

El grupo municipal del PSOE en Málaga llevará al pleno del próximo lunes 29 la constitución de una comisión de investigación sobre los contratos con la empresa adjudicataria de la electrificación y decoración de la feria, Iluminaciones Ximénez, tras detectar que se han abonado certificaciones por labores no realizadas, como por ejemplo, el montaje y desmontaje de los postes y el trenzado entre los mismos, según informa la edición local de El País.

Por este concepto —el montaje y desmontaje de los postes y el trenzado— se abonaron en cada uno de los dos últimos años 120.000 euros, cuando los postes permanecen sin desmontar de una feria a otra. E

l PSOE ha pedido además que se suspenda el actual concurso para la adjudicación de la iluminación de la feria de este año al entender que está "hecho a la medida de esta empresa". El equipo municipal, sin embargo, con su mayoría evitará que la comisión prospere.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, necesita trasladar mobiliario, enseres y documentación, a una nueva sede dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid y ha autorizado una licitación de mudanza por valor de 347.292,73, según se ha publicado en el BOE del martes 7 de mayo de 2013. Otras licitaciones aparecidas en el BOE han llamado también la atención por su excesivo gasto, como son las partidas para conservación de los jardines y plantas de la Moncloa: 211.750 euros o el suministro y confección de centros de flor cortada para Patrimonio Nacional, 293.291 euros. Buena parte de este último gasto se destina a decoración floral de cenas de gala y recepciones de la Casa Real, cuyo presupuesto bianual es de 128.000 euros.

El presidente de la asociación profesional de militares, el subteniente Jorge Bravo, ha pasado el mes de abril en un "encierro disciplinario" por pedir que se eliminaran los "gastos superfluos" como festejos y actos públicos para evitar otros recortes en retribuciones a los militares.

El Ejército de Tierra consideró que sus palabras constituyeron "una conducta pluriofensiva", en la que "además de la disciplina", atacó "la incolumidad de los cauces reglados establecidos para dirimir procedimentalmente los conflictos en el ámbito castrense".