La propuesta legislativa, que entrará en vigor previsiblemente el próximo marzo, salió adelante con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo al no compartir medidas como la paridad en listas electorales y la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las empresas.
La baja por paternidad fue uno de los puntos más conflictivos. Todos los grupos, excepto el PSOE, solicitaron que fuera de cuatro semanas desde un principio, aunque finalmente podrán beneficiarse de una licencia de dos semanas por el nacimiento de un hijo, días que podrán ser disfrutados a tiempo parcial, de tal manera que podrá elevarse a un mes. Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma mínima, establecía dos días libres por paternidad. Aunque la ley otorga total flexibilidad para repartir las 16 semanas por recién nacido a padre y madre, a excepción de las seis primeras, que son de descanso obligatorio para la madre.
El proyecto ahora deberá ser debatido por el pleno de Congreso, cuyo objetivo es acabar con la discriminación de la mujer. Por esta razón, también incluye un subsidio durante 42 días para las mujeres menores de 21 años que den a luz y no cumplan con el periodo mínimo de cotización, siempre que estén dadas de alta en la Seguridad Social.
Para las madres que tengan entre 21 y 26 años se ha fijado el mismo subsidio si se han cotizado 90 días en los siete años inmediatamente anteriores al parto o 180 días en toda su vida laboral.
También incorpora una serie de bonificaciones para las trabajadoras autónomas que abarcan exenciones a la Seguridad Social durante el tiempo de baja por maternidad.
Paridad en listas electorales
La futura normativa no afecta sólo al ámbito laboral, sino que también quiere impulsar la igualdad en el ámbito de las instituciones, en la representación política y en los órganos de dirección de las empresas e incluye, además, medidas para combatir la discriminación y el acoso sexual.
Para conseguir la paridad en las listas electorales, esta medida afectará en principio sólo a municipios de más de 5.000 habitantes, pero en las elecciones de 2011 tendrán que adaptarse también los de más de 3.000 vecinos.
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