La Consellería de Facenda trasladará en los próximos días a los sindicatos de función pública (CIG, CC.OO., UGT y CSIF) un calendario de negociación para tratar de consensuar la futura ley de empleo público de Galicia, a cuyo anteproyecto las organizaciones ya presentaron alegaciones.

Lo han explicado, en declaraciones a Europa Press, los portavoces de CIG, UGT y CSIF, que este lunes se han reunido, por separado, con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, después de el encuentro que este mantuvo con miembros de CC.OO. el pasado viernes.

"Continúa abierto el proceso negociador, por lo que es prematuro extraer conclusiones", apuntan fuentes de Facenda, que remarcan la "voluntad de diálogo" para intentar "consensuar" la norma.

Comisiones reclamaba la apertura de una mesa de negociación "real" en la que estuviesen sentadas las cuatro centrales, y este punto es el que todavía queda por determinar, puesto que las organizaciones sindicales mantienen distintas posturas al respecto.

Así, CSIF resalta que "cada sindicato presentó 100 o más alegaciones" y cree que "no se pueden debatir conjuntamente". "Pedimos que hasta que haya un mínimo de consenso vayamos por separado", ha destacado el representante de esta central, José Brunete. "Luego no nos importa ir todos juntos", añade. El resto de organizaciones, por el contrario, han planteado al responsable de Función Pública el debate a cinco bandas.

Mantendrá el plus de altos cargos

En cuanto a los plazos que maneja el departamento de Elena Muñoz, la coordinadora de área pública de la CIG, Carme López Santamariña, ha asegurado que "pretenden aprobarla en el Parlamento antes del periodo vacacional" y señala que esto podría ser en junio o julio —a través de la convocatoria de un pleno extraordinario—.

"No sé muy bien qué vamos a negociar", ironiza López Santamariña, tras lamentar que en cuestiones como el plus de altos cargos la Xunta ya "ha dicho que no" a su retirada, que demandan las organizaciones. "Nos dijo —Barreiro— que era necesario hacer esa regulación y que este era el momento oportuno para hacerlo", ha llamado la atención. Asimismo, ha afirmado que el director xeral les comunicó que "hay poco margen de maniobra" para cambiar el borrador.

Otros de los puntos del documento, que consta de 226 artículos, que los sindicatos ven más polémicos son los referidos a retribuciones y carrera profesional. "Van a quedar a largo plazo", ha comentado José Vázquez, de UGT, en alusión al desarrollo posterior mediante la elaboración de reglamentos.

Sobre el procedimiento, Vázquez ha señalado que ve "más práctica" la negociación conjunta, con la perspectiva de acabar en un mes o mes y medio, en reuniones semanales en las que "se vayan cerrando artículos" del texto.

"líneas rojas"

De CSIF, José Brunete ha relatado las "líneas rojas" de su organización y ha calificado de "innegociable" para su sindicato que salga del anteproyecto la extrapolación de una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) realizada por el Gobierno central.

En concreto, ha reprobado que, "sin el consenso de los sindicatos", Rajoy cambió "unilateralmente temas como la posibilidad para cualquier alcalde de romper convenios colectivos de forma unilateral". "Una cosa es que sea ley básica y otra que se extrapole en Galicia y quede de forma permanente", ha subrayado.

Además, esta central también ha hecho "hincapié" en lograr, con la ley, "un verdadero desarrollo de una carrera administrativa" y el "desarrollo real de la promoción interna". Para ello, piden que se reserven un 50% de las plazas de la Administración, en lugar del 25% establecido "hasta ahora". "Es lo lógico en una época de recortes, dar algo a cambio", ha opinado Brunete.