La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, viajará este martes a Bruselas para mantener encuentros con los ponentes de la PAC en el Parlamento Europeo y trasladar la postura común pactada en la Comunidad y que tiene como fin principal mantener las ayudas que recibía con el presente escenario y que alcanzan los 1.150 millones de euros al año.

El texto pactado entre la Consejería de Agricultura y los grupos parlamentarios será presentado en Bruselas por Clemente a los europarlamentarios Luis Manuel Capoulas y Michel Dantin, ponentes del reglamento de pagos directos y del reglamento de mercados, así como a los representantes socialista y 'popular' Iratxe García y Agustín Díaz de Mera, respectivamente.

De esta forma, Castilla y León confía en que la postura de comunidad sea tenida en cuenta en Bruselas, donde continúan los 'trílogos' o encuentros a tres bandas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos que dieron comienzo en abril y culminarán el próximo mes de junio con el acuerdo político sobre los distintos reglamentos que regirán la reforma de la PAC.

Tras el acuerdo alcanzado en Castilla y León Clemente confesó que viaja a Bruselas "con una posición mucho más fuerte" y también cargada de razones de cara a las negociaciones en el Magrama a partir de junio.

El acuerdo

El objetivo del acuerdo es garantizar el mantenimiento de ayudas anuales que para Castilla y León representan más de 924 millones en ayudas directas, a las que se suman las consignadas para desarrollo rural, lo que se traduce en un total de 1.150 millones y en una aportación media de un 30 por ciento en las rentas que perciben los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

El acuerdo, además de exigir idéntica dotación presupuestaria, cierra filas en torno a la figura del agricultor profesional, al objeto de que las ayudas se dirijan a quienes viven del campo, los denominados ATP; por el rejuvenecimiento del sector, como medida obligatoria y no voluntaria; limitar el número de hectáreas elegibles, con el fin de que la superficie en España no supere los 22 millones de hectáreas, frente a las 38 millones inicialmente barajadas, para evitar una considerable merma en las ayudas a percibir por los agricultores; por un modelo de convergencia flexible, progresivo en el tiempo y con un desarrollo escalonado, y una flexibilización del denominado 'greening', para que el agricultor amolde su explotación a aquello que le reste menos competitividad.