El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad autónoma, y pedirá su devolución, así como 50 enmiendas parciales porque el texto "no aporta soluciones, es insuficiente" y con él "se ha mirado más los intereses de los alcaldes y ayuntamientos" que de los agentes y del servicio, que "no mejorará".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha opinado, en rueda de prensa, que es "una oportunidad pérdida" para "dotar de un mínimo de coordinación" a esta actividad, algo que corresponde al Gobierno aragonés, si bien es una competencia municipal, "tras 20 años sin ley".

El parlamentario ha argumentado que el texto "no acomete" los asuntos fundamentales "apelando a la autonomía municipal", dependiendo de la voluntad de los ayuntamientos "determinadas cuestiones que pueden crear diferencias entre unos profesionales y otros".

Briz ha indicado que el caso "más flagrante" es la regulación de la segunda actividad, uno de los asuntos que "más se ha reivindicado" en los últimos años por la "gran transcendencia práctica" que tiene y que ha supuesto el rechazo de anteproyectos de ley en pasadas legislaturas.

En este texto, se apunta que los ayuntamientos "podrán regularlo, dependiendo de su propia organización y disponibilidad presupuestaria", lo que implica dejar "manos libres" para que cada consistorio regule o no la segunda actividad, creando "desigualdad".

Briz ha recordado que ésta puede ser con y sin destino, apartando, en el primer caso, a los agentes a partir de una edad de trabajar en la calle o en determinadas situaciones de riesgo y destinándolos a puestos más burocráticos, mientras que sin destino supone "irse a casa con un sueldo menor".

Suárez la implantó en zaragoza

El diputado ha recordado que fue el actual consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, quien implantó, siendo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, en 1996, la segunda actividad sin destino, que actualmente disfrutan 160 agentes en la capital, mientras que hay 29 con destino.

A su entender, el proyecto de ley "dinamita el derecho a la segunda actividad" y "se puede dar el caso de que haya dos policías de poblaciones limítrofes, uno de 58 años y en segunda actividad y otro de 64 trabajando en la calle". CHA ha presentado una enmienda parcial pidiendo que se regule con destino, algo que contribuiría a "remozar la plantilla" y "dar trabajo a más jóvenes".

Otra de las "cuestiones más conflictivas" es la reclasificación para que oficiales y policías "se integren en el grupo C, C1 y C2" de la Administración, asunto que "sí se recoge, pero sin ningún tipo de reconocimiento económico".

Esto es "irregular" y puede generar "inseguridad jurídica" y contradecir la normativa de la Función Pública. Los profesionales podrían "reclamar por vía judicial y, al final, los ayuntamientos tendrán que hacerse cargo de esos complementos que no se quieren reconocer" ahora, ha apostillado el diputado de CHA.

Carrera profesional

Briz ha sostenido que, según las organizaciones sindicales y profesionales este proyecto de ley "no recoge la carrera profesional", planteando, incluso, "que el jefe de policía sea elegido a dedo y que el subinspector o intendente sea por oposición".

En relación con lo primero, el diputado ha expuesto que el texto recoge tres procedimientos para su elección, a través de concurso oposición, por concurso para profesionales de igual o superior categoría, y por libre designación, de forma que "permite que el alcalde nombre jefe de policía a quien crea conveniente".

El diputado ha defendido que "tiene que haber un orden de prelación" en el uso de estas fórmulas "para posibilitar que no sea nombramiento a dedo y facilitar la carrera profesional", así como que "los de orden o escala inferior puedan promocionar a puestos superiores" y así lo ha enmendado su grupo.

Por otra parte, sobre la formación, Briz ha indicado que no se recogen inversiones para la creación de la academia de policía. Asimismo, ha lamentado la "falta de consenso".

En este sentido, ha comentado que si bien el consejero dijo que la Comisión de Coordinación de Policías Locales ha dado informe favorable al texto, "cuando hablas con las organizaciones sindicales dicen que no se ha cumplido el proceso preceptivo de negociación que recoge Estatuto Básico del Empleo Público".

Para Briz, "si los propios colectivos creen que no hay consenso y no hay acuerdo en muchas cuestiones fundamentales, éste es un proyecto de ley fallido, que sería bueno devolver" y plantear de nuevo.