MADRID, 13 (MADRID)

El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que instruye la presunta implicación del exministro socialista José Blanco en la trama de concesión fraudulenta de ayudas públicas desarticulada en la "Operación Campeón", ha aceptado reducir en 2.000 euros -hasta un total de 4.000- la fianza inicialmente impuesta a la Asociación Transparencia y Justicia para ser parte acusadora en este procedimiento.

Así se señala en el auto dado a conocer este lunes que confirma la personación en esta causa de la asociación, cuyos estatutos iniciales la describían como una organización dirigida a la "salvaguarda de los intereses no profesionales en los mercados de capital" y que en mayo de 2011 los modificó para tener por objeto "luchar contra la corrupción".

La asociación había recurrido la imposición de la fianza aduciendo que en otros casos "de gran trascendencia social" como el de los ERES en Andalucía o el "caso Urdangarín" no se había exigido fianza a las acusaciones populares. Subsidiariamente solicitó una rebaja porque los 6.000 euros que se le pidieron suponían un merma notable de los recursos disponibles de la asociación que se financia de las cuotas de sus asociados.

Actual contexto económico

La Fiscalía informó favorablemente a esta rebaja y la defensa de Blanco se opuso, si bien finalmente se ha estimado rebajar en 2.000 euros la fianza inicialmente impuesta teniendo en cuenta el patrimonio de la asociación y dado "el actual contexto económico".

El juez Soriano defiende en su auto que la fijación de fianza ha sido habitual en otras causas y cita como ejemplo en su auto el "caso Zamora", que investigaba la supuesta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a constructores por la adjudicación de obras de la Diputación zamorana, y que fue finalmente archivado.

En la resolución del Supremo se alude, igualmente, al caso "Gómez de Liaño", en el que hace ya quince años se impuso un millón de las antiguas pesetas a la acusación popular -el equivalente a 6.000 euros actuales-, y el de la "Memoria Histórica", en el que se pidió la misma cantidad para el querellante, que era el sindicato Manos Limpias.

Soriano advierte asimismo que la fijación de la fianza, común en "instrucciones ya casi finalizadas" como es el "caso Campeón", "se puede hacer en cualquier momento de la tramitación de la causa tratándose de un defecto subsanable que, aún en caso de olvido del instructor durante la fase de instrucción, puede ser solicitada por el órgano jurisdiccional del enjuiciamiento".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó tener como personada a la Asociación Transparencia y Justicia el pasado 15 de marzo pese a lo avanzado de la instrucción que lleva a cabo su compañero José Ramón Soriano, presta a concluir después de que la Fiscalía haya solicitado ya el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro.

En el auto de admisión de la personación se señalaba que Transparencia y Justicia acudió el pasado 2 de enero al Registro General del Supremo para personarse en la causa. Antes de aprobar la inclusión de esta nueva parte, el Supremo requirió a esta agrupación copia de su inscripción en el Registro de Asociaciones y un poder especial para ejercitar la acción popular en nombre de la sociedad.

El fiscal Manuel Jesús Dolz solicitó al Supremo que pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .

El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios contra Blanco por un supuesto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.