La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) remitirá en breve a la Junta de Andalucía un "informe jurídico" que ha encargado sobre "lo que puede suponer" para los Ayuntamientos de la comunidad el decreto ley contra la exclusión social aprobado por el Gobierno andaluz y, concretamente, la parte destinada a crear empleo a través de las entidades locales.

Así lo ha adelantado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Marbella (Málaga) y presidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz (PP-A), quien asegura estar recibiendo numerosas llamadas de regidores andaluces con una "clarísima preocupación" ante las "inconcrecciones" del referido texto contra la exclusión social. De ahí que se haya comprometido a trasladar "de forma inmediata" a la Junta este informe. "En cuanto tenga toda la información porque necesitamos que se nos aclaren muchas cuestiones", ha añadido.

Entre ellas, la que más trae de cabeza a los alcaldes, según Muñoz, es la referida a la partida presupuestaria "de la que tendrán que sacar el dinero" para pagarle a los empleados que consigan contratar entre 15 y 90 días en virtud del decreto, ya que la Junta "no lo explica y lo remite a que en el futuro se decida el plan de pago", algo que está generando "inseguridades" entre los responsables municipales porque, "lógicamente, los empleados querrán cobrar al final de mes y no dentro de uno o dos años".

Por ello, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz concrete lo antes posible "de qué partida presupuestaria" podrán disponer los Consistorios de la comunidad para estas contrataciones. Sobre todo, ha añadido, porque si son las arcas municipales las que van a acabar adelantando el dinero van a surgir "importantes problemas de tesorería" que, en algunos casos, pueden llegar incluso a "caer en falta de estabilidad presupuestaria".

Garantías de pago

En esta línea, Muñoz reitera que "un decreto ley que intenta paliar la situación de exclusión social en la que viven miles de andaluces tiene que contar con fondos para ello y tiene que adelantar el dinero a los Ayuntamientos".

El problema es, según ha advertido la presidente de la FAMP, que existen "tantos antecedentes" de que la Junta "no cumple" con su parte en programas cofinanciados que los Ayuntamientos están "alarmados" porque se pueda volver a repetir esta situación. Por ello, ha exigido a Griñán que dé "garantías" a los municipios de que "se les va a adelantar ese dinero".

Con todo, Muñoz ha indicado que los Ayuntamientos andaluces están "dispuestos a sacar adelante" todos los contratos laborales que puedan en virtud de este decreto "aunque eso suponga asumir un gran sacrificio". Eso sí, a cambio, exige a la Junta de Andalucía que "garantice que va a pagar pronto, no dentro de uno o dos años".