La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado, este miércoles, unas fianzas de responsabilidad civil para seis imputados, tres de los cuales permanecen actualmente en prisión, en la causa de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que alcanzan un total de 1.548 millones de euros.

Según fuentes del caso, durante la mañana de este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acogido la comparecencia para decidir qué medidas cautelares imponer a seis de los imputados, dentro de la operación Heracles, desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de los mediadores que gestionaban las pólizas de prejubilaciones relacionadas con los ERE.

A este respecto, la jueza Mercedes Alaya ya había ordenado el ingreso en prisión de los exdirectivos de Vitalia, María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, mientras que dejó en libertad con cargos tras comparecer a la esposa de éste último, al también extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo y a Rosser Masa, administradora de Fortia Vida.

Ahora, la Fiscalía ha solicitado una fianza de responsabilidad civil —que no para eludir la prisión— de 258 millones de euros a cada uno de los seis imputados en la causa de los ERE fraudulentos. Una solicitud que justifican al considerar que ese importe coincide con las primas pagadas a Generali y a Fortia Vida y que el Ministerio Público califica de "ilícitas" en su totalidad, mientras la defensa asegura que "no corresponden".

No obstante, será la jueza Alaya quien decida las medidas cautelares que se impondrán. Una decisión que tomará en los próximos días, mientras se prevé continúen celebrándose comparecencias para abordar la responsabilidad civil a imponer, por ejemplo, a Ismael Sierra, cuñado del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, que podría haber abandonado la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros.