El conseller balear de Salud, Martí Sansaloni, ha ordenado este miércoles la retirada de todas las facturas que se hayan podido emitir y el retorno de oficio de las que se hayan cobrado indebidamente a los inmigrantes 'sin papeles' que hayan sido atendidos de urgencia por la sanidad pública balear. La muerte de Alpha Pam, que carecía de tarjeta sanitaria y falleció por tuberculosis el pasado 21 de abril en su casa de Mallorca, ha generado una amplia reacción política y social.

En un comunicado emitido por el departamento de Salud se informa de que el conseller ha instado a todas las gerencias del Servicio de Salud para velar por el correcto cumplimiento de los criterios de atención a los inmigrantes en situación irregular "sin excepción". De acuerdo con un documento interno del Servicio de Salud de Baleares, elaborado en agosto pasado, los inmigrantes en situación irregular tienen garantizada la asistencia sanitaria gratuita para tratamientos urgentes.

También tienen derecho, independientemente de si su residencia en España es legal o irregular, los menores, las embarazadas y los enfermos con dolencias infecciosas y mentales, así como los casos de asilo político y las víctimas de trata de seres humanos. "Esta atención no supone ningún facturación para el paciente", asegura la conselleria. El conseller de Salud afirma en el comunicado que desde el "primer día" se investigan los hechos ocurridos en relación con este caso y que él es el "primer interesado" en aclarar "todos los hechos".

Aunque se trata de un caso "excepcional", desde el primer día que se tuvo conocimiento de la muerte de esta persona, los técnicos del Servicio de Salud las Islas Baleares iniciaron una investigación exhaustiva de todo el proceso, tanto por parte de la inspección médica como de los servicios jurídicos. El conseller ha recalcado que el paciente fue atendido tanto en Atención Primaria como en el Hospital Comarcal de Inca y que se activó el protocolo de detección de salud pública.

Representantes de organizaciones de apoyo a los inmigrantes y del Colegio de Abogados han pedido el cese de las "prácticas disuasorias" que dificultan el acceso de los extranjeros sin tarjeta sanitaria a los servicios del Servicio de Salud balear.