El Pleno del Parlamento andaluz, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, han convalidado este miércoles el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" de los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

Asimismo, los tres grupos parlamentarios han apoyado la tramitación como proyecto de ley de este decreto, en el que también se incluye, entre otras medidas, un sistema de sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial.

Según ha indicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), durante su intervención en el Pleno del Parlamento, se han vertido "ríos de tinta" sobre este decreto desde su aprobación, habiéndose escuchado "mucho ruido". No obstante, ha considerado que la acogida ha sido "muy positiva" y que los argumentos en contra se explican en el "desmesurado ridículo" por la "extraordinaria acogida social" del decreto, que cambia "miedo por derechos".

Para la consejera, se trata por tanto de un decreto-ley "plenamente asentado". "Ni el Gobierno de la Nación lo ha recurrido ni lo va a recurrir porque no hay base jurídica para ello", ha señalado Cortés, quien ha afirmado que las familias no quieren "caridad" sino justicia, algo que no hará la ley en esta materia aprobada por del Gobierno central y que se supondrá "un embudo tan estrecho para las familias que tendrá una utilidad limitadísima".

Cortés, que ha insistido en la importancia de que la vivienda no debe concebirse como una "mercancía" sino como un "derecho humano", ha subrayado que no es aceptable mantener cientos de miles de viviendas deshabitadas, unas 640.000 en la Comunidad. Si bien, ha negado que las 81.000 viviendas del parque público de la Junta estén vacías, tal como asegura el PP-A. Se trata, según ha indicado, de un parque público "ocupado".

Un paso al frente contra el "drama" de los desahucios

La consejera de Vivienda ha considerado que este decreto-ley supone "un paso al frente" para abordar el "drama" de los desahucios. "Ojalá otros hubieran aprovechado la llave de oro que les ha proporcionado la sociedad organizada, a través de una Iniciativa Popular", ha destacado la titular del ramo, quien ha dicho esperar que los grupos convaliden esta norma y aporten lo consideren necesario para mejorarlo, "pero sin rebajarlo".

De otro lado, cabe destacar que Cortés ha aprovechado su intervención en el Pleno del Parlamento para decir "basta ya" a las pretensiones del Gobierno de la Nación y del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en relación a la reforma de la Ley del Aborto. Cortés ha defendido el aborto "libre y gratuito". "Nosotras parimos, nosotras decidimos", ha añadido.

PP-A:

"máxima demagogia y mínima efectividad"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha comenzado su turno de palabra calificando el citado decreto-ley "con palabras utilizadas" en este Pleno por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, "sano escepticismo". Para la parlamentaria del PP-A, esta normativa tiene una utilidad "más que limitada" y no contiene ninguna medida que se pueda poner en marcha "ya y ahora".

Tras acusar al Gobierno andaluz de llevar "un año en blanco" en la lucha contra los desahucios, Martínez ha indicado que cuando se lee "la letra pequeña" del decreto-ley se ve "la máxima demagogia y la mínima efectividad". En su opinión, esta nueva normativa reconoce también "el fracaso" hasta ahora de la función social de la vivienda y también de la Ley de Derecho a la Vivienda del Gobierno de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No obstante, ha anunciado que su formación presentará enmiendas para mejorarlo durante su tramitación como proyecto de ley.

Martínez ha dicho también que la Junta es la "mayor inmobiliaria" de Andalucía con unas 82.000 viviendas de titularidad pública y que la consejera de Fomento y Vivienda "miente" cuando dice que no hay viviendas públicas "vacías". "Hay viviendas de EPSA que son casas sin gente, cuando hay mucha gente sin casas". Para demostrarlo, ha mostrado al Pleno dos fotografías de 100 viviendas en Cádiz "que llevan cinco años esperando que se entreguen" y de otras 50 en Morón de la Frontera (Cádiz) también sin habitar.

PSOE-A:

El gobierno,

"de fracaso en fracaso"

Por su parte, el diputado del PSOE-A Enrique Javier Benítez ha lamentado el "camino en solitario" que ha emprendido el Gobierno de la Nación en materia de vivienda, "de fracaso en fracaso", tras haber "pervertido" el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular presentada al Congreso y en la que se pedía la dación en pago.

En su opinión, el Gobierno de Mariano Rajoy legisla "de espaldas a los ciudadanos y de la mano del sector financiero", mientras que el Gobierno andaluz, muy al contrario, lo hace por un camino "completamente diferente" como el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, una medida "claramente constitucional y que ha sembrado el estupor y el desconcierto en la filas del PP".

Para el diputado socialista, el citado decreto-ley va "a la raíz de los problemas" y persigue que en momentos de "depresión económica" se fomente el mercado del alquiler. Por todo ello, ha pedido al PP-A que presente enmiendas al mismo durante su tramitación como proyecto de ley. "Demuestren que tienen medidas para mejorarlo y que están de parte de los ciudadanos y no del poder", ha añadido.

IULVA-CA:

Un decreto "convalidado por la calle"

Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que el decreto-ley sobre la función social de la vivienda ya ha sido convalidado por la calle, pese a los "duros ataques" que ha recibido por parte de la derecha política y económica de este país. "A quienes no les gusta el decreto tienen dinero en paraísos fiscales o se lleven recompensas millonarias por dilapidar el dinero de los contribuyentes", ha destacado.

Para la parlamentaria de IULV-CA, el Gobierno andaluz se pone al lado del pueblo con este decreto, "mientras que otros se ponen del lado de la banca y de las grandes empresas". Nieto ha aseverado que esta norma pone en valor la función social de la política y ha dicho esperar que durante su tramitación como proyecto de ley pueda mejorarse el texto.

"Aquí no se va a hacer lo que la Administración central, que pasa la norma del Senado al BOE y que el que no se entere, pues que pase a que se lo explique un antidisturbio", ha concluido Nieto.