La Guardia Civil destapa una red que vendió 28 bebés marroquíes a padres españoles

  • De los 28 casos investigados, se han localizado ya a 14 de esos niños.
  • Las madres biológicas, con problemas económicos, vendían a sus hijos, la mayoría niñas, por entre 1.200 y 6.000 euros.
  • Hay 31 personas investigadas, doce de ellas ya fallecieron. El resto están imputados, no detenidos.
  • Los casos ocurrieron entre 1977 y 1985, de ahí lo complicado de la investigación.
Parte de la documentación de la operación que ha desmantelado la red de compra-venta de bebés marroquíes a padres españoles.
Parte de la documentación de la operación que ha desmantelado la red de compra-venta de bebés marroquíes a padres españoles.
Guardia Civil
Parte de la documentación de la operación que ha desmantelado la red de compra-venta de bebés marroquíes a padres españoles.

La Guardia Civil ha destapado una compleja trama organizada que actuó en los años 70 y 80 dedicada a la compra y venta de bebés recién nacidos. Por el momento, se han detectado 28 casos de niños procedentes de Marruecos y Melilla que fueron trasladados a la península con documentación falsa, bajo la apariencia de hijos biológicos. Muchos de ellos fueron comprados por cantidades que oscilaban entre los 1.200 y los 6.000 euros.

La Benemérita ha investigado a 31 personas, cada una de ellas con un rol distinto en la trama: captadores de los padres que querían comprar, intermediarios, madres 'vendedoras', padres 'compradores' y suministradores de los niños. Doce de ellas ya han fallecido y el resto tienen edades muy avanzadas o se encuentran en mal estado de salud, por eso han sido solo imputadas, no detenidas. También hay una religiosa investigada, "pero con un participación tangencial en la trama, no está imputada", explican fuentes de la investigación.

A los que siguen vivos se les imputan diversos delitos, como suposición del parto, alteración de la paternidad, detención ilegal o falsificación de documentos públicos. La investigación se inició gracias a dos denuncias que puso ante la Fiscalía General del Estado la Asociación de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir) a finales de noviembre de 2011. Muchos de los bebés eran niñas, que era lo que demandaban los compradores.

Entre 1977 y 1985

Entre esos años, los implicados en la trama captaban a matrimonios que no podían tener hijos con alto poder adquisitivo, generalmente en Valencia. Concertaban una cita con ellos y, a cambio de una importante cantidad de dinero, los trasladaban a Melilla. Una vez allí, les hacían entrega de un bebé recién nacido, facilitándoles un certificado de nacimiento para que pudieran inscribirlo en el Registro Civil como hijo biológico suyo.

Algunas madres gestantes eran mujeres con escaso poder adquisitivo, como prostitutas, que accedían a la entrega de su bebé bajo la promesa de una vida mejor para él o simplemente a cambio de dinero. Muchos de esos bebés nacieron en los hospitales de Oujda y Nador (Marruecos), donde había personal sanitario compinchado. "De momento solo hay constancia de un caso en el que el niño fuera robado", explica la Guardia Civil.

La investigación pivotó principalmente sobre tres hermanas de Tetuán (Marruecos), que eran quienes conseguían los niños. Una de ellas era la encargada de captar a las futuras madres en avanzado estado de gestación en Marruecos. "Todo ha sido muy laborioso en un año y medio de investigación, entre otras razones por la lejanía de los hechos acaecidos, la falta de registros oficiales y el fallecimiento de muchos de los implicados", señalan en la Benemérita.

"Sin olvidar la carga emocional. De los 28 casos detectados, hemos conseguido encontrar a 14 niños, que ahora son gente de 30 años. Muchos lo sabían y otros no. Personas que ahora viven en Valencia, Málaga, Granada, Mallorca... de ahí lo complejo de la investigación".

Bebés robados

Independientemente de este caso, más de un millar de familias españolas han denunciado ante los tribunales haber sido víctimas del contrabando de niños.

El caso del robo de bebés en clínicas madrileñas se personalizó en 2012 en la figura de la monja sor María, la primera imputada en España por estos hechos.

La religiosa falleció en enero pasado, a los 87 años, en un convento. Estaba acusada de detención ilegal y falsedad en documento público.

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