La liquidación del contrato con Urbyplan, empresa encargada de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) antes de que este fuera anulado judicialmente, costará a las arcas municipales 39.000 euros, mientras que la licitación del nuevo planeamiento urbano tendrá un presupuesto de 500.000 euros.

Así lo ha anunciado este viernes la concejala del PSOE Begoña Fernández, en rueda de prensa posterior a la Comisión de Urbanismo donde la edil del área, Lucía García, ha mostrado el borrador del contrato de licitación.

Fernández ha criticado, en este punto, que la cuestión del precio solo vaya a tener un peso del 15 por ciento en el global de la baremación del contrato, lo que no le parece en absoluto adecuado. Asimismo, ha recalcado que contra el anterior contrato de revisión del PGO, se presentaron dos recursos de dos de empresas que optaban al mismo.

Es por ello, que el PSOE ha pedido en la Comisión la revisión de ese borrador y que la baremación se apoye más en los criterios objetivos. Según el borrador, la intención del Gobierno Local es que cuenten al 50 por ciento unos y otros.

También ha incidido en los plazos de ejecución que se incluyen en el pliego de condiciones, que para el PSOE son demasiado largos, especialmente si el Gobierno Local cuenta con repetir al menos un 70 por ciento del PGO de 2011 -ahora anulado—.

En este sentido, la empresa adjudicataria tendrá cuatro meses para la redacción del documento prioridades, y tras el correspondiente periodo de exposición pública y contestadas las alegaciones, se iniciaría un plazo de seis meses para redactar el documento inicial de aprobación. Con todo, y bajo la previsión socialista de que el contrato no se pueda llegar a firmar antes de octubre, estaríamos hablando de unos 14 o 16 meses para tener el citado documento aprobación inicial, según la edil.

A esto ha unido los 39.000 euros aproximados que habrá que pagar de liquidación a Urbyplan, la cual solo ha llegado a redactar una avance del documento de prioridades porque el propio Ayuntamiento pidió que se paralizaran los trabajados cuando se conoció la sentencia que anulaba el PGO. Fernández ha insistido en que se pagará todo ese dinero por cinco o seis meses de trabajo.

Cambios en el plan de vías

En la Comisión también se trató sobre el Plan de Vías y, particularmente, se presentaron unos planos de estudio de detalle que redacta el propio Ayuntamiento para poder seguir trabajando con el Ministerio en el proceso de desafectación de las primeras parcelas que saldrán a la venta, y que son las más cerca a Humedal.

Se trata de modificaciones "menores", según la edil, como el hecho de girar un poco la posición de un edificio para variar un trazado, de forma que se pueda aprovechar más trayecto de la avenida de Sanz Crespo, y otros cambios para poder utilizar más espacio del actual trazado de Pintor Mariano Moré. En cuanto al nuevo paso que proyecto el Ayuntamiento para unir los barrios de Laviada y Poniente, cercano al viaducto de Carlos Marx, el Gobierno Local no cree que haya problemas en obtener los permisos pese a no estar esa zona desafectada.

Otro de los puntos tratados ha sido la caducidad de las expropiaciones del planeamiento urbanístico de Castiello de Bernueces. Sobre este tema, la edil de Urbanismo señaló en la Comisión que no consta que los promotores hayan presentado recurso, aunque el plazo sigue abierto. Fernánez, por su lado, ha visto "muy preocupante" el panorama en el urbanismo gijonés, con multiplicación de conflictos y la paralización de la política de rehabilitación de inmuebles.

Ayudas a fachadas paralizadas

Vinculado a esto último, la concejala socialista ha recriminado que están "absolutamente paralizadas" las ayudas a fachadas. De acuerdo a la información facilitada desde Urbanismo, en 2013 solo fueron aprobadas dos ayudas para rehabilitación de fachadas, ninguna para el Plan Especial del Muro, y sí hubo 24 admitidas para la supresión de barreras arquitectónicas.

Respecto a los barrios degradados, ha reprochado al Ayuntamiento su proceder "chantajista", al hacer que las comunidades de propietarios que las habían solicitado estas ayudas volvieran a presentar toda la documentación, así como solicitar la convocatoria del concurso de ideas y proyectos y expresar por escrito la aceptación de las bases.

Sobre esto último, ha indicado que no es lo habitual en cualquier convocatoria pública de ayudas, ya que el solicitante normalmente puede desistir de su petición. Asimismo, ha señalado que en el caso de Roces, solo un 21 por ciento de las comunidades contestaron al requerimiento del Ayuntamiento, mientras que en Portuarios se les ha hecho repetir la entrega de la documentación por no considerarla válida la incluir una serie de consideraciones.

Tan solo en el caso del poblado de Inuesa, según la edil, más del 50 por ciento hizo lo que el Ayuntamiento pedía, por lo que tiene más visos de prosperar. Ha recalcado que si bien ve bueno que se organice un concurso de ideas, no es tan oportuno que los vecinos tengan que contratar sí o sí a la empresa que se diga.

Ordenanza de fachadas

Fernández ha incidido en que tampoco se ha llevado a esta Comisión la propuesta de Ordenanza de Fachadas de los tres grupos de la oposición, aunque impulsada por el PSOE, pese a haber registrado el nuevo texto normativo con las incorporaciones de las recomendaciones de los informes técnicos. Ha ironizado, en este punto, sobre que el Ayuntamiento no tuvo tiempo a redactar una propuesta de acuerdo, que es solo un documento de dos folios para llevar la Ordenanza al Pleno para su debate y votación.

En otro orden de asuntos, se ha referido a la nueva línea de ayudas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), dotada con 500.000 euros y que irá destinada a familias desahuciadas. Fernández ha criticado que los requisitos son muy restrictivos, por lo que ha augurado que se podrán dar "pocas ayudas".

Ha asegurado que se trata solo de una "operación de maquillaje", ya que cambia poco respecto a otra ayudas que ya se daban, y ha remarcado que el Ayuntamiento no tiene ninguna medida efectiva para familias afectadas por desahucio.