El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha informado este miércoles en Huelva de las sanciones que, por importe de 920.000 euros, tiene previsto imponer el Consejo de Gobierno a la compañía Telefónica Móviles España por cometer, presuntamente, tres infracciones calificadas como "muy graves" en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, unas sanciones que son el resultado de las inspecciones realizadas por los servicios provinciales en la campaña de control del sector telecomunicaciones en 2011.

Valderas, acompañado por la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, y el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, ha detallado las causas de estos expedientes entre las que se encuentran la falta de información en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato del coste del servicio de detalle de llamadas; la falta de indicación de precio en telefonía móvil en la modalidad de contrato; no atender la solicitud de desconexión de los servicios de mensajería Premium y de llamadas internacionales y no facilitar factura independiente de los servicios de tarificación adicional ni contratos a los usuarios finales en la modalidad de prepago.

El vicepresidente de la compañía ha recordado que ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno, con una multa de 440.000 euros, por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas.

Valderas ha explicado que para la calificación de las sanciones se ha tenido en cuenta la posición que ocupaba Telefónica en el año 2011 en el mercado de telecomunicaciones de Andalucía, siendo la segunda compañía que operaba en la Comunidad, tras Vodafone, con casi 1,7 millones de líneas móviles en la modalidad de contrato, que representan el 31,71 por ciento del total. Igualmente, se ha valorado el número de contratos vigentes de permanencia y procedentes de portabilidad.

Ha recordado que el sector de las telecomunicaciones es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones, con 7.095 —24 por ciento del total— sobre un total de 29.027 registradas en el periodo de enero de 2012 al 23 de abril de 2013.

Por las irregularidades e incumplimientos detectados en estas operadoras, Consumo ha resuelto en los últimos 16 meses 295 expedientes sancionadores con una cuantía total de 1,1 millones de euros y una sanción media de 3,8 millones de euros. De estos, 27 corresponden a Telefónica (Movistar) con una sanción total de 148.455 euros y una media de 5.498,33 euros por expediente.

La Junta va a desarrollar hasta el próximo mes de octubre un nuevo Plan de Inspección de los Servicios de Telecomunicaciones para comprobar si se cumple la normativa en vigor en cuanto a precios, contratos y la información que se ofrece a las personas consumidoras y usuarias, entre otros aspectos.

Por último, Valderas ha indicado que en los próximos días se iniciarán también expedientes contra entidades financieras por la comercialización irregular de preferentes y ha destacado la futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía, que pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.