El fabricante de ordenadores Hewlett-Packard (HP) pagará a la fiscalía de California 14,5 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros) para cerrar la demanda civil por el escándalo del espionaje a periodistas que saltó hace unos meses.
Este dinero, según fuentes de la fiscalía, se destinará en su mayor parte a crear un fondo, dentro de esta institución judicial, para luchar contra la piratería y la violación de la propiedad intelectual.
Además del pago de esta cantidad, la empresa se ha comprometido a adoptar medidas para asegurarse de que sus investigaciones internas se hagan conforme a la ley y a los niveles más altos de la ética corporativa.
El escándalo, que costó a Patricia Dunn el cargo de presidenta de HP, saltó a luz pública el pasado mes de septiembre, cuando se supo que la dirección había encargado que se espiara a periodistas e incluso a altos cargos de la empresa, para averiguar quién filtraba informaciones a la prensa.
Tras conocerse este caso, el fiscal general de California, Bill Lockyer, formuló cargos contra cuatro ex directivos de la empresa, entre ellas la ex presidenta, acusaciones que seguirán su curso por la vía penal.
No obstante, la vía civil del caso ha quedado cerrada con este acuerdo extrajudicial relacionado con el espionaje mediante "pretexting", que consiste en llamar a una compañía de teléfonos como si fuera cliente para obtener información.
El fiscal de California, por su parte, explicó que las reformas internas que se ha comprometido a llevar a cabo HP "ayudarán a otras firmas del país a proteger la información confidencial sin violar la ética corporativa ni los derechos privados".
Igualmente, el nuevo fondo que se va a crear en la fiscalía, y que estará financiado por HP, "ayudará a que las empresas que crucen la línea de la ilegalidad rindan cuentas ante la Justicia".
HP aportará 13,5 millones de dólares para financiar este "Fondo por la Privacidad y contra la Piratería", y además deberá pagar 650.000 dólares en multas civiles y 350.000 dólares en gastos de la investigación de la fiscalía.
El origen del escándalo se remonta al año pasado, cuando el contenido de las deliberaciones privadas en el consejo sobre la salida de Carly Fiorina, entonces presidenta ejecutiva de HP, llegaron rápidamente a la prensa, lo que llevó a Dunn a realizar una investigación.
Esta fue encargada al consejero legal de la compañía, Kevin Hunsaker, así como a un asesor externo, que a su vez contrató a una agencia de detectives privados que utilizaron una serie de medios aparentemente cuestionables para obtener la información.
Entre estos métodos se encuentra el "pretexting" que, tras este escándalo, fue declarado ilegal en el estado de California.
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