El Gobierno de Cantabria presentará un proyecto de ley para solucionar el problema de los derribos en la región y espera que se apruebe en el Parlamento autonómico "en el plazo más breve posible", antes del próximo mes de junio, cuando finaliza el actual periodo de sesiones en la Cámara.

Así se lo ha dicho este jueves el jefe del Ejecutivo, Ignacio Diego, a los periodistas, a los que ha precisado que no se tratará de una reforma de la ley del suelo, sino de una norma creada "ex profeso" para "salvar" la situación en que se encuentran los afectados por las viviendas condenadas a demolición, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de la Ley del Suelo de Cantabria que permite paralizar derribos hasta que se indemnice.

De momento, el Gobierno ha convocado a los tres grupos con representación parlamentaria (PP, PRC y PSOE) a una reunión que se celebrará este sábado, 4 de mayo, a las 9.30 horas en el despacho del presidente para presentarles un documento-borrador del proyecto de ley al que se sumarán, además de las aportaciones de los propios partidos, las que formulen el resto de agentes implicados, tanto del ámbito judicial como afectados.

Diego ha hecho estas declaraciones después de inaugurar un curso sobre Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que ha participado el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada, quien ha opinado que la Administración debe trabajar "rápido" y "bien".

Además ha considerado una "actuación desechable" acometer demoliciones "innecesarias", es decir, llevar a cabo derribos de viviendas en lugares en los que se pueda después levantar una nueva casa. En este sentido, Losada ha pedido que se traslade a la Sala que preside las urbanizaciones que tengan licencia vigente y sobre las que se pueda alegar que no se ejecute la sentencia de derribo.

Pero, al hilo de lo anterior, ha advertido que hay que ser "realistas", pues "no todos los casos" podrían acogerse a esa solución, de modo que en algunos supuestos habrá que "seguir adelante con las demoliciones".

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, Losada ha manifestado que el TSJC tendrá que tener en cuenta las circunstancias que contempla el fallo.

Y sobre la pretensión del Parlamento cántabro de aprobar por unanimidad una nueva ley que solucione el problema de los derribos, ha indicado que hay que "esperar" y que no se puede "aventurar" nada al respecto.

La mejor solución posible

Por su parte, Ignacio Diego ha recalcado que con la nueva norma se tratará de respetar la legalidad y buscar soluciones "justas" a los compradores de vivienda "de buena fe" que se han visto "perjudicados" por "errores" administrativos. "Vamos a buscar la mejor solución posible", ha expresado, para añadir que se trata de una cuestión "de justicia" hacia los afectados.

Además, ha recordado que acometer los derribos y abonar las correspondientes indemnizaciones supondría un "perjuicio" económico para las arcas regionales de entre 200 y 300 millones de euros, cuantía que en una situación de crisis como la actual es "inabordable".

De ahí, ha insistido para finalizar, la necesidad de "acomodar" una salida teniendo en cuenta todas las circunstancias, esto es, la ley, las sentencias, la situación en que se encuentran los afectados y el coste de las demoliciones e indemnizaciones.