Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España han cuestionado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proyectada por el Gobierno al considerar "difícilmente compatible" el ejercicio del cargo de vocal con su función jurisdiccional o el desempeño de su profesión. Advierten de que el fin de su dedicación exclusiva puede incidir negativamente en la credibilidad de la institución y en la independencia e imparcialidad de los consejeros.

Así lo han plasmado en la Declaración Institucional de los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, suscrita el pasado 24 de abril en Cáceres, donde hacen un balance de las principales reformas legislativas puestas en marcha por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y aportan soluciones a los problemas de la Justicia.

En cuanto al proyecto de ley que reforma el CGPJ, que la próxima semana será aprobado por el Congreso, los firmantes destacan que, al margen de las discrepancias en torno al sistema de elección de los vocales, lo "prevalente" es potenciar y preservar la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que los consejeros reúnan un "perfil de excelencia" con independencia a su categoría. "Lo decisivo no es quien gobierne, sino cómo se gobierne", dicen.

"Un mismo órgano no puede ser a la vez sujeto y objeto de la misma garantía de independencia", recogen en la declaración, recogida por Europa Press, para advertir de que la creación de vocales 'a tiempo parcial' puede incidir negativamente en la credibilidad de este órgano constitucional al suscitarse dudas sobre la independencia e imparcialidad de los consejeros ya que "son funciones difícilmente compatibles".

Para los máximos responsables de los Tribunales Superiores de Justicia, los sistemas de organización y medición para determinar la carga de trabajo deben ser aprobados "exclusivamente" por el Consejo del Poder Judicial, sin perjuicio de que el Ministerio o las comunidades puedan participar en su elaboración.

Reforma "precipitada y sesgada"

Respecto a la nueva demarcación judicial, los presidentes de los TSJ destacan que una reforma de tal calado no debe hacerse de forma "precipitada y sesgada". "La referencia a tribunales de instancia supondría la desaparición de los partidos judiciales, con los consiguientes problemas sociales y políticos derivados en las poblaciones afectadas, aparte de la infrautilización de muchos de los actuales y modernos edificios judiciales", afirman.

En todo caso, apuestan por crear tribunales de base en las cabeceras de los actuales partidos judiciales que soporten un número significativo de asuntos y ayuden a descargar de litigios de menor entidad a los tribunales de instancia encargados de asuntos más complejos. "No se debe renunciar a ese primer escalón de la pirámide judicial por cuanto supone la cercanía de la justicia a los ciudadanos", añaden.

Los máximos responsables de los Tribunales Superiores también han advertido del "irrelevante" número de voluntarios que se han ofrecido para cubrir sustituciones tras la supresión de los 'interinos' y reclaman al Ministerio de Justicia que fije unos criterios "claros y precisos" sobre los gastos y la disponibilidad presupuestaria en esta materia.

La causa del escaso número de voluntarios se debe a la "indeterminación" del régimen retributivo y a la falta de respuesta del Consejo General del Poder Judicial, que aún no ha resuelto sobre los planes formulados.

Fuerzas de seguridad del estado en juzgados

Exigen además un aumento "gradual y sostenido" de la planta de jueces y magistrados para atender a la sobrecarga de asuntos y consideran "ineludible" que el CGPJ se coordine con los Tribunales Superiores en materia de licencias y permisos, particularmente en los de formación y estudios ya que su gestión y planificación puede conllevar "perjuicios indeseables" para el servicio.

En cuanto a los edificios judiciales, ven "imprescindible" que las Fuerzas de Seguridad del Estado mantengan su presencia en todos los inmuebles para garantizar su vigilancia y seguridad, pudiendo solo intervenir en su intervenir previa autorización de los órganos de gobierno del Poder Judicial o a requerimiento del juez competente.

Finalmente, piden que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces delegue en las Salas de Gobierno la resolución de los recursos administrativos-gubernativos que se deduzcan contra actuaciones resolutorias de decanos y juntas de jueces. "Sin perjuicio de que la decisión se considere adoptada por el órgano delegante a efectos del control jurisdiccional", concluyen.