El PSOE ha exigido al Ministerio de Fomento, a través de una proposición no de ley en el Congreso, que mantenga las estaciones de Gádor, Fiñana y Gérgal en funcionamiento, después de que "información" del departamento de Ana Pastor apunte a que hay intención de eliminar las paradas de lo trenes regionales en las mismas, lo que hace suponer que es "el primer paso" para su cierre.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, las diputadas del PSOE por Almería, Gracia Fernández y Consuelo Rumí, señalan que esa medida impediría proyectos que se pudieran plantear en el futuro y recogen las protestas de los vecinos de los municipios y las iniciativas políticas al respecto.

Señalan que incluso el alcalde de Gádor y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, Eugenio González (PP), ha remitido una carta a la ministra de Fomento en la que le pide que disipe "cualquier sombra de duda" sobre una posible eliminación de la estación de tren de Gádor, así como sobre la de reducción de paradas de trenes regionales en las estaciones de, Gádor, Gérgal y Fiñana.

El PSOE mantiene que la propuesta del Gobierno sobre la viabilidad de las líneas o tramos carentes de rentabilidad económica o social y sobre los servicios ferroviarios de media distancia que no tienen la consideración de obligaciones de servicios públicos hace que más de 28 trenes de media distancia semanales vayan a ser suprimidos en las relaciones que unen Almería, Granada y Jaén, por considerar que no son Obligaciones de Servicio Público o, en algún caso, que no interesa su circulación.

En Andalucía afectan a 20 relaciones, con 820 circulaciones semanales y, más concretamente, en Andalucía Oriental se propone suprimir 28 de las 84 circulaciones actuales, cerca del 33 por ciento del total.

En este sentido, el PSOE critica que se haya decidido dar al tren "un tratamiento exclusivamente económico", "sin que se hable de la necesidad imperiosa de revisar la configuración de la Red Ferroviaria, apostando por invertir en el acondicionamiento de la red convencional, mucho más barata y con posibilidad de gran eficacia, de modo que el territorio se equilibre en cuanto a posibilidades de uso del tren público".

Por último, recuerdan que las Obligaciones de Servicio Público tienen el cometido de evitar las distorsiones en la oferta ferroviaria y dar posibilidad a la ciudadanía de un acceso más equilibrado a un transporte de calidad, más seguro y más limpio y conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de transporte público colectivo.

Sin embargo, con las medidas de Fomento "desaparece la única infraestructura ferroviaria de toda la provincia preparada para carga y descarga de mercancías y contenedores", lo que supone una "merma en la capacidad de movilidad (y de progreso) de la ciudadanía y de los productos y mercancías", lamentan.