La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre, promotor inmobiliario, a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa. Además, le ordena indemnizar con un total de 116.000 euros a dos particulares a los que estafó con una falsa promoción viviendas de Dénia (Alicante).

En una sentencia del 7 de marzo, la sección segunda de la Audiencia considera probado que el acusado, en su función como presidente de un grupo de empresas dedicadas a la construcción, reformas y promoción inmobiliaria, suscribió en marzo de 2006 dos contratos de compraventa y obra con un particular.

En estos contratos el acusado se hacía pasar por el propietario de los terrenos que transmitía y titular de los proyectos de obra, e incluso llegó a enseñar el terreno y a practicar mediciones con cinta sobre el mismo dando apariencia de dominio, cuando "nada de eso era cierto", puesto que la titular era otra mercantil que tenía aquellos terrenos sin ejecutar.

Por esta operación, el procesado llegó a cobrar al particular 44.000 euros con el ilícito ánimo de apropiárselos, dado que los planos que formaban parte de los contratos correspondían a un preproyecto que antes de febrero de 2004 había elaborado la mercantil entonces propietaria de los terrenos, y que habían quedado inservibles por la modificación en la licencia urbanística.

Así mismo, el encausado, a título personal, suscribió dos reconocimientos de deuda con otra afectada en marzo y abril de 2006, por los que se comprometía a devolverle 60.000 y otros 12.000 euros en el plazo de un mes desde su respectiva fecha.

En este caso, la sentencia estima probado que el procesado tomó este dinero —que la víctima iba a destinar a la compra de una vivienda en la propiedad que supuestamente se iba a construir—, abusando de su confianza y a sabiendas de que no iba a reintegrárselo.

Controversias con otras 10 PERSONAS

Como consecuencia de diversos negocios jurídicos formalizados por el acusado con un total de diez personas más surgieron controversias que llevaron a todos ellos a reclamar por un presunto incumplimiento, si bien el tribunal considera que "no queda constatado que, en el momento de formalizarlos, el acusado tuviera voluntad de no cumplir".

Por ello, la sección segunda condena al promotor a una pena de tres años y siete meses de prisión, y una multa cercana a los 2.000 euros, y le ordena indemnizar con 44.000 euros al primero de los afectados y con 72.000 euros a la segunda víctima.

La hija del encausado, también procesada por estafa en esta causa, tenía la función de mera administrativa por lo que la sala la absuelve al no quedar acreditado que tuviera ninguna relación con las operaciones señaladas.