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El PSdeG propondrá "penalizar" las casas vacías por ver "escandaloso" que haya 300.000 en Galicia mientras se desahucia

Pide a la Xunta "gestiones" para que la Ley de Costas regularice los núcleos costeros gallegos, como se pide en "una enmienda del PP"

El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Xosé Sánchez Bugallo, ha avanzado este martes que propondrá en la Cámara gallega "penalizar" fiscalmente las casas vacías, con el objetivo de poner fin a la "situación escandalosa" de que en Galicia haya casi 300.000 inmuebles desocupados mientras se está desahuciando a familias.

En rueda de prensa, Bugallo ha vuelto a sacar a colación los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ponen de manifiesto que Galicia es comunidad con un mayor porcentaje de viviendas vacías, con un 18,6 por ciento.

Además, ha abundado, Ourense y Lugo son las provincias españolas con mayor tasa de casas deshabitadas, mientras que A Coruña ocupa el cuarto lugar en el ranking. Asimismo, son ocho los municipios gallegos de más de 20.000 habitantes que se cuelan entre los 30 de toda España con un mayor porcentaje.

En paralelo, como ha evidenciado el parlamentario socialista, un total de 3.511 familias gallegas perdieron su vivienda en 2012 y son 5.300 las que están en trámites judiciales para ser desahuciadas.

Así las cosas, ha lamentado que no se ejecute una política de vivienda enfocada a "ayudar" a las personas desalojadas o para "poner en el mercado" los inmuebles, pese a que es competencia de la Xunta. Y, para sustentar sus afirmaciones, ha apuntado que el presupuesto gallego prevé 20 millones de euros para este tipo de medidas, frente a los 200 que se destinaban en 2009.

Dicho esto, ha señalado que existen vías como la explorada por Andalucía, basada en sancionar a los bancos e inmobiliarias que mantengan viviendas vacías, o bien otras que impongan "bonificaciones" o "penalizaciones" a través del IBI, opción de la que se ha mostrado más partidario.

Ley de costas

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios, Bugallo ha requerido al Gobierno central que "admita" una enmienda del Grupo Popular en el Senado a la reforma de la Ley de Costas, que persigue la regularización de los núcleos tradicionales gallegos.

"Ya no pedimos que acepten la nuestra, sino la del PP", ha enfatizado, en relación con una propuesta de modificación para que puedan ser regularizados los núcleos que contasen con acceso rodado y abastecimientos o bien aquellos ubicados en "áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie".

Estos dos requisitos figuran en el texto normativo, que obliga a cumplir ambos preceptos, mientras que los populares en la Cámara alta defienden que sólo sea preciso reunir "uno" de ellos.

Incluir otras localidades

Junto con ello, al igual que en la última sesión plenaria, Bugallo ha requerido a la Xunta que lleve a cabo "gestiones" con el Ejecutivo estatal para que "se respete el acuerdo unánime" del Parlamento de Galicia en relación con la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los mencionados núcleos costeros.

Una de ellas, como ha señalado, sería incluir en la relación de núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre (en la que ya figura Moaña) las localidades pontevedresas de Vilaboa, Mogor y A Illa de Arousa.

De lo contrario, bajo su punto de vista, quedará claro que el Gobierno gallego "no pinta nada" en Madrid y que "pinta más" el Partido Conservador británico, que impulsó esta iniciativa ante el temor de extranjeros que tienen viviendas "amenazadas" en Canarias o el Mediterráneo.

Situación de ence

Asimismo, el exalcalde de Santiago ha mantenido que esta reforma legislativa abre la puerta a prorrogar por 75 años más las concesiones a empresas ubicadas en zona de dominio público, pese a que su estancia finalizaría en 2018, como es el caso de Ence en la ría de Pontevedra.

De hecho, como ha señalado, los informes medioambientales pierden su carácter "vinculante" y el Estado podrá tomar la decisión sobre su continuidad teniendo en cuenta "el interés general". Igualmente, la comunidad autónoma ya no tiene "la última palabra", sino que corresponde al Gobierno.

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