El comité de trabajadores del Ayuntamiento de Vitoria, en representación de los empleados del Departamento de Seguridad Ciudadana, ha solicitado al alcalde, Javier Maroto (PP), que "respete el derecho a la objeción de conciencia" de los trabajadores municipales en los casos de desahucios y no se les obligue a participar en desalojos de primeras viviendas.

El órgano de representación de los empleados municipales ha remitido un escrito dirigido a Maroto. En él, recuerda que, "aparte de la moral y la ética que han de guiar el comportamiento de toda persona", existe un marco legal en relación a la vivienda.

De esta manera, ha aludido al derecho a una vivienda digna, recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución española. Asimismo, se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo que determinaba que la ley hipotecaria de España vulnera la legislación europea.

El comité ha señalado que esta normativa está "muy por encima de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria", en las cuales "se está amparando la banca y los grandes capitales para expulsar de sus casas a multitud de familias vascas y del Estado". Además, ha denunciado que estas viviendas "quedan vacías durante años tras el desahucio de sus ocupantes".

También ha acusado a las administraciones públicas de tener "parte de responsabilidad" en la creación de la "burbuja inmobiliaria" por su gestión "desidiosa" del suelo y la "desregulación" del mercado de la vivienda.

SOLICITUD

Por todo ello, el comité, en representación de los trabajadores del departamento de Seguridad Ciudadana, ha pedido a Maroto que "no utilice recursos públicos, ni humanos ni materiales, en beneficio de los intereses privados especulativos".

Asimismo, le ha pedido que "defienda los derechos humanos, los preceptos básicos de la Constitución y la normativa europea" y que "no se obligue al personal del departamento de Seguridad Ciudadana a intervenir en lanzamientos de primeras viviendas".

También le ha instado a que respete "el derecho de todo trabajador a la objeción de conciencia" y, por tanto, que no se sancione administrativamente a un funcionario que se niegue a participar en un desahucio.

Esta solicitud, firmada por ELA, LAB, CC.OO. y el Sindicato Independiente de Policía Local (SIPLA), se ha producido el día después de que los principales cerrajeros de Álava mostrasen su "predisposición" a no intervenir en desalojos de primeras viviendas que se produzcan en el territorio.