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Fernández afirma que la situación de los afectados por derribos es "más injusta si cabe" que los desahucios

El Gobierno no dejará "desamparados" a los afectados y buscará que se haga "justicia material"

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández ha comparado este martes a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria con quienes sufren desahucios y ha considerado que la situación de los primeros es "más injusta si cabe" que la de los segundos.

Por ello, Fernández ha avanzado que el Gobierno regional va a buscar que se haga "justicia material" con los afectados por derribos a través de "fórmulas normativas" o "legislativas" y, para ello, el presidente, Ignacio Diego, convocará a los grupos parlamentarios de PP, PRC y PSOE para alcanzar un "consenso" al respecto.

Así lo ha manifestado el titular de Ordenación del Territorio, en declaraciones a la prensa antes de reunirse con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), a quienes les ha trasmitido un "mensaje de tranquilidad" y les ha reafirmado que el Ejecutivo hará "todo lo posible para que no haya ningún caso de desamparo —demoliciones sin indemnización previa—".

En la comparación con el asunto de los desahucios, Fernández ha manifestado que "si la sociedad está haciendo un esfuerzo importante para dar una solución" a los desahucios, con los afectados por derribos "hay que tener una sensibilidad mayor si cabe" porque "no tienen la más mínima responsabilidad" en su situación.

Y es que Fernández ha reconocido que "las administraciones somos los responsables directos de esta situación" porque ellos "no han incumplido absolutamente nada ni desde el punto de vista administrativo ni civil".

"Han cumplido todas sus obligaciones: han obtenido licencias conforme a derecho, han comprado sus viviendas con todos los parabienes legales y lo que no podemos es dejar desamparado a un colectivo de esta naturaleza que tiene toda la razón de su parte", ha aseverado el consejero.

Por ello, ha llamado a que "todos los poderes públicos" trabajen en "común" para cumplir con su "responsabilidad" de amparar a estos afectados con "todas las armas del ordenamiento jurídico" y buscar una solución.

Justicia material

En este sentido, ha recordado que Ignacio Diego va a convocar a todos los grupos parlamentarios para buscar fórmulas "normativas" o "legislativas" y entre todos alcanzar un "consenso" en el "plazo más breve posible", porque hay que hacer "justicia material" con los afectados.

Esta justicia buscará que "las sentencias se ejecuten pero respetando los derechos de los afectados", ha explicado el consejero, quien ha destacado que el Gobierno "no renuncia" a que el principio de la indemnización previa a la demolición se incorpore al ordenamiento jurídico estatal en una norma con rango de ley.

Pese a que este principio es precisamente el que ha declarado inconstitucional la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula parte de la Ley del Suelo de Cantabria, Fernández considera que es "justo y absolutamente necesario". "Es un principio de justicia material evidente porque ninguna de estas familias puede quedar en la calle sin indemnización", ha dicho.

Sin embargo, Fernández ha reiterado que el Gobierno "asume y acata" la sentencia aunque "evidentemente discrepa" porque ésta dice que la Comunidad Autónoma no tenía el título competencial específico en materia de legislación procesal y el Ejecutivo defiende que "teníamos competencias y por eso se aprobó en su día la ley" con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Además, tras la sentencia del TC, el consejero ha opinado que "ahora hay que hacer de la necesidad virtud" porque, a su juicio, ésta les ha puesto "contra la espada y la pared", por lo que tanto el Gobierno como los ayuntamientos "tiene que ser conscientes de que los plazos hay que aligerarlos al máximo".

"No nos queda más remedio que dar solución a este tema en un plazo muy breve de tiempo, en este año, o incluso diría en los próximos meses, pero desde luego no puede pasar de esta legislatura sin que quede definitivamente resuelto", ha insistido Fernández.

También ha defendido de nuevo la validez y plena vigencia del Plan de Ejecución de Derribos que, en su opinión, es "un instrumento válido" aunque, después de la sentencia del TC, "hay que replantearse en parte". "Su contenido es plenamente vigente, es más, hoy ese plan es más válido y más necesario que nunca", ha apostillado.

A este respecto, ha considerado que hay que buscar un "difícil equilibrio" que haga "posible" la ejecución de ese Plan pero "sin limitar la capacidad de decisión de los jueces".

Planes generales

Por otro lado, Gobierno y ayuntamientos trabajan "intensamente" en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Arnuero va a ser "el ejemplo de qué ocurre cuando las cosas se hacen bien" y, además, con este planeamiento "Ayuntamiento y Gobierno vamos a demostrar que un PGOU se puede aprobar en un plazo razonable de tiempo", ha señalado.

La aprobación inicial de éste fue en diciembre de 2011 y el consejero ha indicado que está "convencido" de que "en julio, mes arriba o mes abajo", estará definitivamente aprobado.

Mientras que el PGOU de Piélagos es, a su juicio, el "ejemplo paradigmático de cómo se trabaja intensamente" y es que, a pesar de que este plan es "un rompecabezas y tiene un montón de problemas —ejecución de sentencia, Cerrias, El Cuco o planes especiales—", Fernández ha confiado en que "los rompecabezas se hacen por complicados que sean".

Así, ha manifestado que el PGOU de Piélagos es "posible" que se pueda cerrar en "un plazo relativamente corto" aunque se necesitará un tiempo porque "estas cuestiones están reñidas con la precipitación y la improvisación" y no se puede pensar que va a haber "soluciones mágicas incluso a nivel legislativo" como se ha comprobado, "con toda la crueldad", con la sentencia del TC, ha dicho.

También ha asegurado que, a pesar de que la sentencia del TC es en relación con cinco viviendas de Argoños, el consejero ha asegurado que éstas tendrán la concesión de un nueva licencia, en la que se lleva trabajando "mucho tiempo", y que podría estar en 10 días.

Después, el caso se llevará ante los tribunales y el juez "decidirá si la nueva licencia es o no conforme a derecho". Si lo es, "obviamente no tendría sentido demoler", y si no lo es, "se procedería a la demolición".

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