Juzgado en la Audiencia de Valladolid por estafa inmobiliaria pese a encontrarse a la misma hora en Fuerteventura

Juzgado en la Audiencia de Valladolid por estafa inmobiliaria pese a encontrarse a la misma hora en Fuerteventura

En ausencia del procesado, que no ha viajado desde las islas por motivos económicos, la vista se ha celebrado para evitar una nueva suspensión

El banquillo de la Audiencia de Valladolid ha permanecido hoy vacío pese al juicio celebrado contra Diego V.G, representante de la inmobiliaria Estévez & Valbuena acusado de un delito de estafa sobre una clienta a la que en 2006 cobró 6.000 euros de señal por una vivienda en Arroyo de la Encomienda para cuya promoción, tal y como sostienen las acusaciones, no había recibido autorización del constructor y que, supuestamente, incorporó dicha cantidad a su patrimonio particular.

Lo llamativo del presente juicio es que el mismo se ha desarrollado en ausencia del inculpado, algo que suele ser habitual en los juzgados de lo penal cuando la pena solicitada para el acusado no compareciente es inferior a los dos años pero que en el caso de la Audiencia Provincial es mucho menos frecuente.

Sin embargo, la sala que preside Feliciano Trebolle ha optado por celebrar la vista con el fin de evitar una nueva suspensión, algo que ya ocurrió el pasado día 4 de marzo cuando Diego V.G, para quien el Ministerio Fiscal y la acusación particular han solicitado penas de un año y medio y dos años de cárcel, respectivamente, excusó su incomparecencia por motivos económicos que le impiden sufragarse el pasaje a Valladolid desde la isla de Fuerteventura, donde reside desde hace años.

Al acusado ausente se le atribuye la estafa de la que supuestamente fue víctima la pensionista Josefa M, quien en el acto del juicio ha ratificado que en 2006 entró con sus hijas en las oficinas de la ya extinta inmobiliaria Estévez & Valbuena, con sede por aquel entonces en la Acera de Recoletos, tras ver expuesta en su escaparate una promoción de viviendas proyectada en la urbanización Campo de Golf, en Arroyo de la Encomienda, y se interesó por un piso bajo por el que pagó al acusado una señal de 6.000 euros tras la firma del correspondiente contrato de arras.

Meses después, ante la imposibilidad de contactar con Diego V.G, la clienta se personó en las oficinas de la inmobiliaria y descubrió que la sociedad había cerrado. Fue entonces cuando logró finalmente hablar por teléfono con el procesado y concertar una entrevista en la sede de la empresa, donde, tal y como ha explicado la denunciante, el agente inmobiliario se desmarcó de la operación.

Problema de memoria

"Me dijo que no se acordaba de nada", ha recordado Josefa, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que contactó entonces con el constructor de la promoción, residente en Salamanca y que no ha podido testificar hoy por haber fallecido, y éste no sólo se sorprendió de lo ocurrido sino que le aseguró que el agente inmobiliario no había sido autorizado para promocionar la construcción al no haber llegado a un acuerdo debido a lo elevado de las comisiones requeridas.

Ante ello, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han elevado a definitivas sus peticiones de pena, que incluyen la correspondiente indemnización por parte del procesado, tras considerar probado que Diego V.G. cometió un delito de estafa cualificada. "En fase de instrucción el acusado niega la mayor, si bien en el acto del juicio ha quedado totalmente acreditado que tuvo un ánimo defraudatorio desde el principio", ha aseverado el fiscal.

La defensa, sin embargo, ha pedido un fallo absolutorio por entender que su cliente y el constructor habían llegado a un acuerdo para que el primero promocionara el proyecto, algo que atestiguaría el hecho de que la inmobiliaria contaba con los planos y la documentación preceptiva, y tras sostener que Diego V.G. no se quedó con los 6.000 euros sino que fueron ingresados en la cuenta que la constructora tenía abierta para tal fin en Ibercaja.

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