La consejera regional de Vivienda, Inés Rojas, ha explicado este martes en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ya ha abonado todas las ayudas aprobadas para la rehabilitación de las viviendas tras las lluvias acaecidas en el archipiélago entre los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, y que fueron reguladas por el artículo 4 del decreto 12/2010 .

Rojas detalló que del total de solicitudes presentadas se concedieron un total de 90 ayudas para la rehabilitación de las viviendas dañadas por las lluvias, de las que 61 ya están abonadas íntegramente y otras 29 al 50 por ciento y pendientes de la justificación de las familias para abonar el 50 por ciento restante.

"Estas 61 corresponden a los municipios de La Laguna, con 13 expedientes, El Rosario, con 21 expedientes pagados y justificados, Santa Cruz de Tenerife, con 26, y un expediente de Telde", ha remarcado.

Además, ha dicho que otros 29 expedientes han sido pagados en un primer 50 por ciento como indica el decreto, sin embargo, aún no han sido justificados por lo que se ha solicitado su comprobación para poder abonar el otro 50 por ciento. De estos 29 expedientes, 17 corresponden al municipio de La Laguna, 2 a Granadilla, 6 al Rosario y cuatro a Santa Cruz de Tenerife.

La consejera ha explicado que el resto de solicitudes presentadas son negativas o se ha desistido por parte de los solicitantes, o incluso en otras aún se requiere documentación. "Hay que tener en cuenta que hemos sido tremendamente abiertos y flexibles con los plazos para entregar la documentación por parte de los afectados", ha subrayado.

Rojas ha explicado también las solicitudes presentadas en cada municipio de las cuatro islas afectadas: Tenerife, La Palma, Gran Canaria y La Gomera, y las diferentes causas por las que fueron denegadas.

Entre los motivos principales para la denegación de la ayuda ha destacado que los solicitantes contaban con ingresos superiores, que no fueron presentadas por la titularidad de la vivienda, que hubieran cobrado por el seguro el importe de los desperfectos, que los daños se hubieran producido en los aledaños y no en la propia vivienda, y que las viviendas fueran de titularidad del Gobierno, y por tanto, la reparación la asume directamente el Instituto Canario de la Vivienda, entre otros.

La consejera ha explicado que estas ayudas se regularon por el artículo 4 del decreto 12/2010, aprobado en el Consejo de Gobierno del 4 de febrero, inmediatamente después de las lluvias, que acaecieron durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero. En él se establecían medidas desde el área de vivienda, bienestar social, agricultura, industria y turismo.

El artículo 4, por ejemplo, establecía las condiciones para acceder a las ayudas en materia de vivienda, como que los destrozos fuesen producidos por las lluvias y no fueran anteriores, que la unidad familiar no tuviera ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM, o sea superiores a 41.000 euros anuales, que la vivienda afectada careciese de seguro contra lluvias o, en el caso de que estuviese asegurada, no cubriese toda la contingencia. El importe de las ayudas se establecía en un máximo del 50 por ciento de los daños tanto por destrucción como por rehabilitación.