La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre tres y tres años y medio de prisión para cuatro exdirectivos de Caixa Penedès por haberse adjudicado supuestamente pensiones millonarias mediante pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de administración y control de la entidad.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago Abella y Joan Caellas, a la vez que solicita que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario.

El Ministerio Público, que ha presentado este lunes su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional, acusa a los cuatro exdirectivos de los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado de administración desleal.

Los cuatro exdirectivos, junto al ya fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, supuestamente contrataron "a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja" pólizas de seguro por valor de más de 31,6 millones de euros que cobrarían en caso de abandonar sus puestos en la entidad financiera.

El fiscal considera a Ricard Pagès el cerebro de la trama, que urdió con el consentimiento y colaboración de su círculo de directivos más próximo, el resto de acusados, para generar obligaciones económicas" a Caixa Penedès "para su beneficio particular".

La Fiscalía señala que Pagès, aprovechando su poder "omnímodo" en Caixa Penedès, diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse él y sus más cercanos colaboradores una "desproporcionada ganancia patrimonial" a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo "por cualquier motivo".

Así, una vez iniciado el proceso de integración de Caixa Penedès en el Grupo BMN, los querellados cesaron voluntariamente en 2011 de sus cargos en la entidad financiera.

De acuerdo con las pólizas contratadas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones. Estos dos últimos fueron despedidos de la entidad financiera y no pudieron cobrar cantidad alguna de las pólizas.

Por ello, la Fiscalía, además de las penas de prisión, solicita que Pagès indemnice a Caixa Penedès con 10,73 millones de euros, que es la cuantía que llegó a percibir, mientras que reclama a Santiago José Abella los 1,89 millones cobrados desde 2007.

En cuanto al fallecido Jorba, la Fiscalía reclama a sus herederos legales, como "partícipes a título lucrativo", que restituyan a Caixa Penedès un total de 2,53 millones.

Asimismo, el fiscal pide declarar la nulidad de las cláusulas de derechos económicos de las pólizas de las que se beneficiaron estos exdirectivos.

En su escrito de acusación, la Fiscalía subraya que la jugada que planearon Pagès y sus colaboradores era "redonda", ya que los acusados iban a ser propuestos como miembros del consejo de administración del Grupo BMN, un cargo que no está retribuido y que exigía que cesaran en sus funciones de directivos.

Así, los acusados se apresuraron a modificar sus contratos de trabajo y a blindar sus pólizas con las compañías Axa y Zurich para que cuando cesaran en sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en dichos seguros.