El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado que la Formación Profesional (FP) tiene potencial para ser "una de las partes más dinámicas del sistema educativo", y para ello "estamos aumentando y mejorando la relación entre los centros de formación profesional y las empresas de Cantabria, como uno de los ejes que van a estimular el crecimiento económico de nuestra región".

Según Diego, la recuperación y el futuro de nuestra economía "pasa por la existencia de unos niveles de Formación Profesional altamente cualificados para tareas concretas de sectores concretos y que lideren el trabajo de empresas altamente productivas".

En un comunicado, el Ejecutivo ha indicado que para contribuir a mejorar la FP en la Comunidad Autónoma, el Gobierno ha aprobado un decreto que regula los Centros Integrados de Formación Profesional y establece su organización y funcionamiento.

Se trata de centros que incluyen en sus acciones formativas las propias de la Formación Profesional Inicial y de la FP para el empleo. Incorporarán, asimismo, servicios de información y orientación profesional y, en su caso, de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Según el decreto, han de disponer de una oferta modular y en unidades formativas de menor duración, evaluables de forma independiente y capitalizable, para la obtención de las acreditaciones correspondientes de acuerdo con lo que determinen las consejerías competentes en materia de educación y de empleo.

Han de garantizar la flexibilidad necesaria para dar respuesta a las necesidades de desarrollo personal y profesional de las personas, así como a las necesidades del sistema productivo de Cantabria. En este sentido, el presidente ha señalado la necesidad de una mayor adaptación de la FP al mercado de trabajo cántabro, con una enseñanza "más práctica y en alternancia entre la empresa y el centro educativo", en el que ambos escenarios vayan "de la mano".

Los Centros integrados de FP, según la regulación aprobada, podrán impartir además otras acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales relacionadas con las familias profesionales que tengan asignadas.

Los centros podrán ser de titularidad pública o privada; en el segundo caso, han de contar con la autorización administrativa correspondiente y serán adscritos a un centro integrado público en lo que respecta a la Formación Profesional Inicial.

En cuanto a sus fines, la norma establece que deberán contribuir a la integración de la FP inicial y para el empleo, e impulsar la formación de las personas trabajadoras a lo largo de su vida en las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo para mejorar su cualificación, sus posibilidades de desarrollo personal y promoción profesional; movilidad y empleabilidad, y, respecto de las empresas, colaborarán en la mejora de su productividad y competitividad, e impulsarán la cultura emprendedora. También potenciarán el prestigio y la valoración de la FP en la sociedad.

El Gobierno coordinará y organizará la Red Pública de Centros de FP, que podrán ser de nueva creación o proceder de la transformación por integración, fusión, desglose o agrupación de otros ya existentes, siendo creados por Decreto.

Se ubicarán en zonas de mayor población y con un tejido productivo significativo, en lugares fácilmente accesibles y contemplando las características del mercado territorial y sectorial, así como los planes o proyectos estratégicos en el ámbito regional.

Dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica y de personal, y contarán con un Plan de actuación plurianual para el conjunto de los centros que elaborará el Gobierno. Por su parte, el proyecto funcional del centro será elaborado por el equipo directivo, teniendo presente las directrices del Consejo Social, las propuestas del Claustro y de la Comisión Técnica de Coordinación.